La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el Ministerio Público, luego de la detención de Róger Mariaca y de otros exfuncionarios de alto rango que ahora se encuentran procesados por la Justicia. Ante ese escenario, la institución pidió a la Asamblea Legislativa que active cuanto antes el procedimiento para seleccionar a un nuevo fiscal general del Estado titular.
En un comunicado, la Defensoría exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el marco de sus atribuciones establecidas en el artículo 161, numeral 8, de la Constitución Política del Estado, a convocar “en el menor tiempo posible” al proceso de selección y designación de la o el Fiscal General del Estado, conforme a las previsiones constitucionales y legales vigentes.
El pronunciamiento se conoció después de que, pasadas las 06:00 de este sábado y tras una sesión de casi 20 horas, senadores y diputados reunidos en la Asamblea Legislativa eligieran por más de dos tercios al abogado José Armando Urioste como fiscal general del Estado interino.
La designación se produjo luego de la suspensión definitiva de Róger Mariaca, quien había sido elegido por la Asamblea Legislativa en 2024 como máxima autoridad del Ministerio Público. En cuestión de horas, su situación cambió de forma radical: pasó de ocupar el cargo más alto de la Fiscalía a ser acusado de liderar una presunta “organización criminal” dentro de la institución, motivo por el cual fue detenido y enfrenta un proceso penal por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas.
Mariaca es investigado junto con el ex fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; el ex fiscal superior Martín Irusta; y el mayor de Policía Rubén Aparicio.
Frente a este panorama, la Defensoría anunció que realizará un seguimiento minucioso de todo lo relacionado con el Ministerio Público, los procesos abiertos contra las exautoridades y el trámite para la elección de un nuevo fiscal general titular.
La institución añadió que, en el marco de sus competencias constitucionales, hará el seguimiento correspondiente y exhortó a las instancias llamadas por ley a actuar con celeridad, transparencia y responsabilidad, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del Estado Constitucional de Derecho y a la vigencia efectiva de los derechos humanos.
