Tras casi 10 días de la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, puso en duda el funcionamiento de la subvención a los combustibles y denunció la existencia de “mafias” dentro de las operaciones vinculadas a este sector.
La autoridad afirmó que esos grupos estarían integrados por malos funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), de YPFB, algunos cisterneros y dueños de estaciones de servicio, a quienes acusó de desviar el combustible destinado a la población. En ese marco, sostuvo que quienes hayan cometido estos hechos deberán responder ante la ley por delitos que, según dijo, afectan directamente al pueblo boliviano.
Zamora explicó que la intervención en YPFB tiene tres objetivos centrales: garantizar el abastecimiento de combustible, eliminar las mafias detectadas y generar soluciones estructurales. Durante su informe brindado este viernes en instalaciones de la estatal petrolera, también señaló que la subvención es un tema que debe ser discutido con la población.
La medida de intervención fue dispuesta a inicios de este mes mediante decreto supremo, luego de denuncias sobre desvío de combustible. Desde entonces, el Gobierno ha insistido en que el proceso busca revisar el funcionamiento interno de la estatal y detectar posibles irregularidades en la cadena de distribución.
El ministro aseguró además que la comisión encargada de la intervención será “celoso vigilante” del cumplimiento de la distribución de combustible en todo el país. Al mismo tiempo, remarcó que Bolivia no puede resignarse a importar de manera permanente el carburante para sostener su economía.
En la misma línea, afirmó que la comisión continuará trabajando para establecer si existen más irregularidades dentro de YPFB y en el sistema de distribución. Por su parte, el viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que durante la intervención se identificaron varias anomalías, entre ellas venta anticipada y facturación de combustible sin que el producto hubiera llegado a territorio nacional.
García también señaló que se detectaron asignaciones realizadas sin parámetros objetivos, modificaciones posteriores en las tablas de control y la presencia de usuarios externos que habrían influido en la asignación de despachos para favorecer a determinados usuarios y proveedores. Lamentó, además, que el sistema no cuente con alertas que permitan advertir este tipo de inconsistencias.
