El diputado Álvaro B. Cazasola Soria Galvarro, de la Alianza Unidad, anunció la presentación de una Petición de Informe Escrito dirigida al Servicio General de Identificación Personal (Segip) y a la Dirección General de Migración, con el propósito de esclarecer presuntas irregularidades vinculadas a la identificación de extranjeros y a su posible relación con estructuras criminales en Bolivia.
La iniciativa legislativa apunta a fiscalizar la situación legal de la población extranjera en el país, así como a determinar si existen casos de cédulas o identidades duplicadas. Según informó la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia, el pedido también busca establecer el grado de posible facilitación estatal hacia organizaciones vinculadas al narcotráfico y al sicariato.
El requerimiento surge en un contexto marcado por la detención en Santa Cruz del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y la reciente captura de siete integrantes extranjeros de su esquema de seguridad. De acuerdo con la información difundida, la región cruceña se ha convertido en un punto operativo y logístico de redes transnacionales dedicadas al tráfico de cocaína, con más de 400 toneladas de droga incautadas en lo que va del año, además de 2.654 personas aprehendidas y el ingreso irregular documentado de al menos 13 familiares y colaboradores cercanos al entorno de Marset con múltiples identidades falsas.
Cazasola sostuvo que es necesario contar con “un informe completo respecto a la situación de cuántas personas extranjeras ingresan a nuestro país y por qué estas personas tienen documentación o doble documentación”. En ese marco, el legislador remarcó que su solicitud también busca transparentar las denuncias sobre la presunta participación de efectivos de la Policía Boliviana en irregularidades cometidas durante los allanamientos al entorno del capo sudamericano, entre ellas la sustracción indebida de bienes y objetos de valor.
Sobre este punto, el diputado expresó su preocupación por la actuación de algunos uniformados y planteó que se debe esclarecer quiénes emitieron las órdenes jerárquicas. “Es preocupante que la Policía siga involucrada”, afirmó, al señalar que “tienen que declarar para saber quiénes han sido los que les han ordenado para sustraer cosas, porque entendemos que la Policía recibe órdenes, no actúa por sí sola”.
Finalmente, Cazasola explicó que su pedido también busca respaldar la gestión del ministro de Gobierno, Marco Oviedo, y contribuir a transparentar la cadena de custodia y los controles en las entidades públicas encargadas de la seguridad y la identificación ciudadana. En ese sentido, insistió en que el ministro necesita “transparentar esta situación” y “poner en claro las acciones” para comprender el alcance del caso que se desarrolla en Santa Cruz, al tiempo que reafirmó que las instituciones estatales deben velar exclusivamente por el resguardo de la población.
