Bolivia enfrenta un escenario de mayor vulnerabilidad ante el fenómeno de El Niño, con menos agua disponible para los cultivos, ríos con caudales reducidos y un riesgo más alto de incendios, de acuerdo con una nota técnica de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El documento advierte además que estos efectos podrían repercutir tanto en la producción como en el transporte.
El informe fue elaborado junto con la Organización Meteorológica Mundial y el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño. Según sus proyecciones, entre octubre y diciembre de 2026 se registrarían temperaturas por encima de lo normal y una disminución de las lluvias en buena parte del país.
La situación sería especialmente delicada en la Amazonía boliviana, donde el estudio prevé un déficit hídrico prolongado hasta febrero de 2027. Esa reducción de agua en los ríos podría complicar la navegación, dejar aisladas a algunas comunidades y aumentar la probabilidad de incendios en la región.
Para el Altiplano y los Andes del sur, la nota técnica anticipa precipitaciones que irían de deficitarias a normales entre diciembre y marzo. En esas zonas, la falta de agua podría afectar las siembras que dependen de la lluvia y disminuir las reservas hídricas.
La OEA no establece un cálculo de pérdida económica específico para Bolivia, pero el impacto potencial sobre la economía preocupa. En agosto, la Cámara Nacional de Industrias estimó que El Niño podría restar entre 0,3 y 2 puntos porcentuales al crecimiento del producto interno bruto (PIB) de 2026, en función de la intensidad del fenómeno y de la capacidad de respuesta. Se trata de una proyección y no de pérdidas ya registradas.
El efecto económico podría sentirse por distintas vías. Menos agua puede traducirse en menores cosechas y mayores costos de producción; los incendios pueden dañar bosques y actividades productivas; y la caída de los niveles de los ríos puede dificultar el traslado de personas y mercancías. El alcance de esos impactos dependerá de las condiciones de cada territorio.
Frente a este panorama, el Gobierno activó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y presentó una unidad de gestión de riesgos agropecuarios, además de un sistema de monitoreo y alerta para el sector. El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Karel Rivero, informó que se están canalizando recursos y que se trabaja con los municipios en alertas y obras preventivas.
La OEA considera crítico el periodo comprendido entre octubre de 2026 y marzo de 2027 y recomienda anticipar medidas para proteger el agua, la producción y a la población. En ese contexto, el costo final del fenómeno también dependerá del nivel de preparación con el que se enfrente la emergencia.
