La Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados inicia este martes el análisis de las condiciones planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que Bolivia acceda a un préstamo de 1.900 millones de dólares, un monto que, según el diputado José Luis Porcel Marquina, podría contribuir a estabilizar la economía nacional.
El legislador, integrante de esa comisión, señaló que la convocatoria ya fue realizada, aunque todavía no está definido si en la sesión se abrirá el debate, se tratará el tema de fondo o si la discusión será postergada. También confirmó que el ministro de Economía fue llamado para exponer los alcances de la propuesta y responder las consultas de los parlamentarios.
Porcel explicó que el desarrollo de la reunión dependerá de la información que brinde la autoridad económica. Si quedan dudas sin resolver, dijo, es posible que se solicite ampliar los datos, como suele ocurrir en las distintas instancias de la Cámara de Diputados.
El diputado por Tarija reconoció que, sin el respaldo financiero del FMI, la crisis económica del país podría agravarse. Sin embargo, aclaró que no se trata de una condición obligatoria, aunque en la coyuntura actual Bolivia parece no contar con otra salida inmediata.
En ese contexto, recordó que el FMI funciona como el “banco de bancos” y que, si otorga un préstamo, ese respaldo también puede abrir la posibilidad de acceder a recursos de otras entidades internacionales, como el Banco Mundial, la CAF, Fonplata o el BID. A su juicio, el país necesita ese tipo de apoyo en este momento.
Porcel sostuvo que hacen falta recursos para sectores como salud, educación, producción y exploración hidrocarburífera, áreas que, según dijo, podrían generar ingresos en el futuro. En su criterio, alcanzar ese objetivo exige un cambio de modelo económico, algo que implicaría sacrificios y decisiones drásticas.
El parlamentario también consideró que el Gobierno debe actuar con mayor sinceridad y tomar definiciones con prontitud, ya que percibe una respuesta lenta frente a una situación que demanda urgencia por la persistencia de la inflación y el desempleo.
El FMI aceptó en julio la propuesta boliviana de un Memorándum de entendimiento por 1.369 millones de Derechos Especiales de Giro, equivalentes de manera estimativa a 1.900 millones de dólares. Ese acuerdo, según lo expresado, supone un reordenamiento de la economía del país y la búsqueda de equilibrio macroeconómico.
Porcel afirmó que ese proceso también implicaría revisar la Constitución para modificar disposiciones vinculadas al trabajo de las petroleras internacionales, que actualmente operan como prestadoras de servicios. Según dijo, esas empresas no comparten esa condición, por lo que considera necesario ajustar el modelo para atraer inversión extranjera, incrementar las inversiones y empezar a salir de la crisis acumulada durante los últimos 20 años.
De aprobarse el préstamo, añadió, Bolivia podría recuperar estabilidad macroeconómica y abrirse nuevamente a otras fuentes de financiamiento multilateral, con el objetivo de frenar la inflación y dejar atrás la situación económica que describió como una herencia de ruina.
