Seis alertas internacionales sobre corrupción, interferencia política e infiltración del crimen organizado en la justicia boliviana antecedieron a la ofensiva adoptada por Estados Unidos en las últimas semanas, de acuerdo con un recuento elaborado por EL DEBER a partir de información y documentos oficiales.
Entre septiembre y octubre, Washington activó restricciones migratorias para 62 personas y sus familias en el marco de su política para enfrentar al narcotráfico y la corrupción. Dentro de ese grupo, las autoridades estadounidenses identificaron a 16 fiscales, jueces y magistrados, en ejercicio o exautoridades judiciales.
La secuencia de advertencias comenzó en junio de 2022, cuando Diego García-Sayán, entonces relator de la ONU sobre independencia judicial, denunció interferencias políticas, retardación de justicia y abuso de la detención preventiva. Tras su visita a Bolivia, constató que el 47% de los 1.134 jueces ordinarios era transitorio y que siete de cada diez personas privadas de libertad no tenían sentencia.
En ese momento, García-Sayán sostuvo que la retardación judicial respondía a códigos procesales “demasiado formalistas” y también apuntó deficiencias de gestión, formación y corrupción. Además, observó que el presupuesto del Órgano Judicial era inferior al 0,5% del presupuesto nacional.
La segunda advertencia llegó en diciembre de 2024, cuando la Comisión Internacional de Juristas, la Federación Latinoamericana de Magistrados y la Fundación para el Debido Proceso difundieron el informe Ni elecciones judiciales integrales, ni reforma de la justicia en Bolivia. El documento cuestionó la selección de magistrados, la prórroga de mandatos y los riesgos que estos factores implicaban para la independencia judicial.
La tercera señal se produjo en noviembre de 2025, cuando el Índice Global de Crimen Organizado asignó a Bolivia 5,12 puntos sobre diez en criminalidad, 0,17 más que en 2023, y 4,63 en resiliencia estatal, una caída de 0,20. El reporte ubicó en 6,5 puntos a los actores criminales integrados al Estado, frente a apenas tres puntos del sistema judicial y penitenciario para enfrentarlos, y describió corrupción institucional y redes extranjeras operando en territorio nacional.
La cuarta alerta llegó en septiembre de 2026, cuando la relatora de la ONU Margaret Satterthwaite visitó La Paz y Sucre. En sus reuniones con autoridades y organizaciones civiles abordó las presiones partidarias en la elección de jueces y defendió designaciones basadas en mérito e independencia.
Poco después, el 28 de septiembre, Estados Unidos anunció restricciones para 21 bolivianos y, bajo otra disposición, vetó al entonces fiscal general Róger Mariaca por supuestamente proteger al narcotráfico. Mariaca rechazó esa acusación; fue aprehendido el 1 de octubre y permanece detenido preventivamente en Cantumarca.
En esa primera tanda, Washington identificó a nueve operadores judiciales: cuatro fiscales, incluido Mariaca, y cinco jueces o magistrados. Entre ellos figuran Alberto Zeballos, Martín Irusta, Álvaro Nava, Albania Caballero, Rosario Flores, Rodrigo Vedia y los magistrados Israel e Iván Campero.
La quinta advertencia se produjo el 17 de octubre, cuando Mónica Mendoza, representante de la Unodc, alertó sobre la expansión de mafias extranjeras y su infiltración en la justicia. Describió una “confluencia” de narcotráfico, trata, contrabando, corrupción y minería ilegal, y advirtió que negar la infiltración institucional sería “muy complejo” para el país.
La sexta alerta llegó el 21 de octubre, cuando World Justice Project ubicó a Bolivia en el puesto 130 entre 143 países en su Índice de Estado de Derecho 2026 y en el lugar 29 de 32 en la región. Según ese ranking, la justicia penal, la justicia civil y el control de la corrupción continúan entre los peores indicadores del país.
Un día después, el 22 de octubre, Estados Unidos anunció restricciones para otras 40 personas y publicó 15 nombres. Siete correspondieron a operadores de justicia: cuatro fiscales, Juan Lanchipa, Félix Balderas, Julio Porras y Armando Rojas; y tres jueces, Aldo Quezada, José Ayaviri y Julio Alba. Con ambas tandas, el total asciende a ocho fiscales y ocho jueces o magistrados identificados.
