El Ejército de Bolivia suspendió de manera temporal las tareas de remoción de escombros y de búsqueda de desaparecidos en el cuartel militar donde el viernes se registraron dos explosiones, hasta que se verifiquen las condiciones de seguridad necesarias para retomar el trabajo.
La institución castrense explicó en un comunicado que la decisión tiene un carácter preventivo, debido a que el uso de taladros y otros equipos durante las labores podría provocar un debilitamiento mayor de las estructuras afectadas. Además, señaló que en el área continúan existiendo bienes de la unidad militar que permanecen precintados, por lo que antes de reanudar las tareas debe comprobarse que el lugar es seguro.
Según el Ejército, la reanudación de los trabajos dependerá de que las autoridades y las instancias especializadas determinen el retiro del material existente en el sector y concluyan que el espacio reúne las condiciones necesarias para continuar con la remoción y la búsqueda.
La suspensión se conoció el mismo día en que el fiscal general, Roger Mariaca, informó que el saldo de víctimas mortales asciende a nueve, en su mayoría militares. De ese total, ocho ya fueron identificados, mientras que aún se busca a cuatro uniformados que, según la autoridad, habrían estado en el lugar al momento del siniestro.
Mariaca ratificó además que la Fiscalía abrió un proceso penal contra los presuntos responsables por homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos. Indicó que existe información sobre la presencia de material bélico, pólvora negra y otros elementos contundentes en el sitio, aunque remarcó que sería irresponsable adelantar cuál fue la causa exacta de las explosiones.
En paralelo, el Senado aprobó una resolución de atención y reparación integral a las víctimas, en la que pide compensación y reparación económica por daños materiales e inmateriales para civiles y militares. La cámara también solicitó la asignación de recursos extraordinarios para la atención médica, quirúrgica, farmacológica y la rehabilitación integral de las personas heridas, que según los reportes son al menos 84.
La resolución incluye, además, el pedido de identificación, retiro, neutralización y disposición segura de cualquier material peligroso que permanezca en el área, entre otras recomendaciones dirigidas al Ejecutivo del presidente Rodrigo Paz.
Las explosiones ocurrieron el viernes en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 “Bolívar”, en Viacha, un municipio del altiplano situado a unos 35 kilómetros de la ciudad de La Paz. El Gobierno informó que la segunda detonación tuvo una magnitud considerablemente mayor y que su causa todavía no ha sido determinada técnicamente.
El presidente Paz declaró el lunes duelo nacional por los fallecidos y ordenó revisar los depósitos de artefactos explosivos en todas las unidades militares del país.
