La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) expresó su rechazo a la incineración de mercancía exportable boliviana retenida en territorio chileno y advirtió que este tipo de medidas puede derivar en daños económicos, jurídicos y reputacionales de carácter irreversible para las empresas afectadas.
En un pronunciamiento institucional, el sector empresarial manifestó además su respaldo al rubro forestal y exportador involucrado en este caso, al considerar que la destrucción de cargamentos sometidos a investigación limita de manera directa las posibilidades de verificación técnica y afecta las garantías jurídicas que deben resguardar a las compañías bolivianas.
La FEPC sostuvo que cualquier proceso vinculado con mercancías bajo investigación debe desarrollarse con transparencia, preservación de la evidencia, debido proceso y la posibilidad efectiva de realizar peritajes y contraperitajes. A su juicio, la incineración de estos bienes impide precisamente esas verificaciones y deja sin margen de revisión técnica a las partes interesadas.
El pronunciamiento se da en medio de la retención e incineración de cargamentos de madera boliviana en la Región de Arica y Parinacota, en Chile, dentro de actuaciones relacionadas con la presunta presencia de sustancias ilícitas. Sobre este punto, la FEPC insistió en que la defensa del comercio exterior legal exige certidumbre, rigor técnico y respeto a los tratados y garantías internacionales aplicables al tránsito de mercancías bolivianas.
El caso se remonta a junio, cuando se conoció la incautación de un cargamento de madera proveniente de Bolivia. Según la información difundida entonces, se trataba de 1.080 toneladas de madera, mientras que autoridades chilenas señalaron la existencia de 108 toneladas de droga impregnada. Sin embargo, el exfiscal general Roger Mariaca informó en julio que las pericias practicadas a las maderas dieron negativo para la presencia de drogas.
Más adelante, el 26 de agosto, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, indicó que las autoridades chilenas no demostraron científicamente la presencia de sustancias controladas en el cargamento. En ese contexto, la FEPC advirtió que la destrucción de la mercancía mientras existen actuaciones y solicitudes pendientes no solo restringe la posibilidad de nuevas verificaciones, sino que también puede consolidar un precedente negativo para el comercio exterior boliviano.
