El exministro de Defensa Fernando López Julio pidió al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, que revise su caso para poder llegar a Bolivia y asumir su defensa en libertad. En una carta difundida en su cuenta de redes sociales, cerró su mensaje con una solicitud directa: “Lo único que pido es no ser privado de libertad como una condena anticipada”.
En su pronunciamiento, López sostuvo que durante casi seis años fue perseguido en distintos países “de manera injusta y arbitraria”. También relató que ese tiempo estuvo marcado por ausencias familiares que, según dijo, lo golpearon de forma personal: no pudo estar presente en el fallecimiento de su madre ni en el casamiento de su hijo. Añadió que actualmente su padre atraviesa graves problemas de salud, luego de sufrir infartos y un derrame cerebral, sin que él pueda acompañarlo.
El exministro planteó su pedido pese a que en octubre de 2024 fue condenado junto con Arturo Murillo y Roxana Lizarraga a ocho años de presidio dentro del caso gases lacrimógenos. Esa sentencia sigue vigente, aunque se encuentra en apelación. En contraste, en los procesos conocidos como “Golpe I” y “Golpe II”, esos casos fueron cerrados y los acusados quedaron en libertad.
El abogado penalista Eusebio Vera recordó que existe al menos una orden de aprehensión contra López, derivada de la declaratoria de rebeldía emitida por el Tribunal de Sentencia en 2022. Bajo ese escenario, señaló que el exministro debería ser aprehendido en cuanto ingrese a territorio boliviano.
En su carta, López insistió en que todos los procesos en su contra responden a una persecución política impulsada desde el Gobierno de Luis Arce. Afirmó además que no cuenta con una base social ni con un partido político que lo respalde, por lo que, según su versión, fue perseguido en varios países pese a que los casos carecen de sustento jurídico.
Sobre el proceso por la compra de gases lacrimógenos, sostuvo que su actuación se limitó al cumplimiento de los decretos supremos 4116, de 12 de diciembre de 2010, y 4168, de 20 de febrero de 2020. También afirmó que nunca se le permitió defenderse con un abogado de su confianza y aseguró que las personas que realmente incurrieron en conductas dolosas cumplen hoy sus condenas. En su criterio, dijo, se demostró con pruebas y fundamentos legales que no cometió delito alguno.
Vera consideró que existe la posibilidad de que López pueda defenderse en libertad si la sentencia que está en el TSJ es revisada, como ocurrió en el caso de la expresidenta Jeanine Áñez, lo que derivó en la nulidad del proceso.
