La propuesta para regularizar los denominados “autos chutos” volvió a instalarse esta semana en el debate nacional, luego de que el presidente Rodrigo Paz anunciara un proyecto de ley que continúa generando reacciones en distintos sectores. Este martes, el alcalde de Tarija y presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM)-Bolivia, Johnny Torres, planteó que antes de asumir una decisión de esa magnitud debería realizarse un censo para contar con datos certeros y, sobre esa base, definir una política pública.
Torres señaló que el tema será evaluado junto con el resto de los alcaldes en una próxima reunión de la FAM. Según explicó, la propuesta del Gobierno central no formó parte del orden del día en el encuentro en el que se abordaron otros asuntos municipales, por lo que aún no existe una postura institucional sobre la iniciativa. También indicó que la organización no conoce el contenido del proyecto de ley que ya está siendo analizado en la Cámara de Diputados.
El debate se reactivó la semana pasada, cuando el presidente retomó una de sus promesas de campaña y la expuso en una reunión con representantes de los municipios en La Paz. Allí propuso respaldar la regularización de vehículos indocumentados con el argumento de que eso permitiría a los gobiernos municipales recaudar más recursos mediante el pago de impuestos. El mandatario volvió a defender su postura este lunes, al afirmar que debe existir “alguna solución” porque, de todas formas, esos motorizados ya circulan por las carreteras y consumen combustible.
Frente a ese planteamiento, el titular de la FAM sostuvo que antes de impulsar una normativa de ese tipo primero se necesita información precisa sobre la magnitud del problema. “Debería haber un censo para saber qué es lo que se tiene que hacer. Pero es una decisión del Gobierno central, no de los municipios (…) El presidente ha hecho una propuesta a los alcaldes, que los alcaldes no hemos contestado absolutamente nada porque no estaba dentro de nuestro orden del día”, afirmó.
Torres añadió que el 23 de septiembre está prevista una reunión de la FAM en Santa Cruz, donde podrían incluirse otras consideraciones sobre los vehículos indocumentados. Dijo que, después de ese encuentro, se dará a conocer una posición oficial. Mientras tanto, insistió en que los alcaldes todavía no han recibido detalles del proyecto de ley.
“Vamos a ver qué es lo que piensan los alcaldes de ese tema. Se puede proponer a la FAM entender y tomar criterio sobre lo que piensa el Gobierno. Nosotros no tenemos conocimiento ni de lo que dice ese proyecto de ley”, manifestó.
La discusión sobre la regularización de estos motorizados ya provocó rechazo en sectores como el transporte y los importadores. La Cámara Automotriz, además, estima que en el país existirían cerca de 1,5 millones de “autos chutos”. A las críticas internas se sumaron observaciones desde países fronterizos, como Chile, donde alertan que una medida de este tipo podría incentivar el robo de vehículos en su territorio.
Los transportistas también expresaron preocupación y advierten que una eventual legalización de los “autos chutos” incrementaría el parque automotor y agravaría los problemas vinculados con la provisión de combustibles.
