La decisión de desplegar más efectivos policiales a zonas de conflicto en el occidente del país, donde recientemente se han registrado fallecimientos en medio de enfrentamientos intensificados, ha generado una fuerte reacción entre sus familiares en Tarija. Líderes de las esposas de sargentos y suboficiales manifestaron su firme oposición a estos traslados, particularmente ante la preocupación por la falta de equipamiento adecuado frente a oponentes que, según reportes, emplean armas de fuego.
Las esposas y madres expresaron su profundo pesar por el envío de uniformados a situaciones de confrontación donde se enfrentan a adversarios que, según se ha indicado, utilizan armamento letal, mientras el personal policial dispone únicamente de equipo de disuasión. Advirtieron que esta disparidad de condiciones es insostenible y no puede continuar.
Revelaron que existe un plan para enviar a 103 efectivos adicionales hacia Oruro en los próximos días, sumándose a un contingente de 90 ya desplegados recientemente en respuesta al recrudecimiento de la violencia. Esta violencia, según los manifestantes, es impulsada por sectores afines al expresidente Evo Morales Ayma.
Ante esta situación, las mujeres manifestaron su firme determinación de impedir la salida del transporte que traslade a los policías al interior del país. Verónica Tito, identificada como una de las voceras del grupo reunido en la plaza principal de Tarija, fue enfática al afirmar: No vamos a permitirlo. Incluso, advirtieron que, de ser necesario, considerarían tomar el control del comando policial. Expresaron su lamento por las vidas de policías perdidas en Llallagua durante los enfrentamientos, insistiendo en que los efectivos no cuentan con el equipamiento adecuado, particularmente la ausencia de armas de fuego, a diferencia de quienes participan en los bloqueos.
Una madre de dos efectivos policiales, Victoria Tito, visiblemente afectada y con lágrimas, expresó la angustia de ver a sus hijos y compañeros enviados a tales condiciones. Responsabilizó directamente al expresidente Evo Morales y al gobierno actual por los fallecimientos ocurridos en Llallagua.
Paralelamente, el sector pasivo de la Policía Boliviana emitió un pronunciamiento público. El documento, presentado por el coronel Carlos Sigler, expresa la profunda indignación de los retirados ante los recientes sucesos. Califican los hechos como actos criminales, cobardes y brutales, que causan un desgarro en el alma de nuestra institución.
En su comunicado, exigen a las autoridades competentes una investigación exhaustiva e imparcial que permita identificar y llevar ante la justicia a los responsables, tanto materiales como intelectuales, de estos crímenes. Demandaron la aplicación del máximo rigor de la ley contra los culpables.
El pronunciamiento subraya que la violencia no puede prevalecer sobre la justicia. Reafirman el compromiso de la institución policial con la defensa de la paz, el respeto a la ley y la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. Advierten que no se puede permitir que el terror y el miedo gobiernen las calles. Finalmente, instan a las autoridades a cumplir estrictamente las leyes y evitar que la violencia se desborde. Fueron enfáticos al señalar: Cumplan la Constitución, advirtiendo que la omisión en el cumplimiento de los mandatos constitucionales constituye negligencia y complicidad. Este llamado fue realizado al momento de hacer público su pronunciamiento
