La Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) de Tarija quedó envuelta en una fuerte controversia interna luego de que su presidente, Ronald Garnica, anunciara la suspensión por 90 días de Edwin Arana, integrante de la directiva que había denunciado presuntas irregularidades y cuestionado el manejo de la organización, al que calificó de dictatorial.
El conflicto expuso dos lecturas opuestas sobre el funcionamiento de la dirigencia vecinal. Garnica sostiene que Arana incumplió el estatuto al asumir funciones de vocería institucional sin autorización, mientras que el dirigente sancionado afirma que la medida busca frenar su derecho a expresarse públicamente y a exigir transparencia en la administración de la Fedjuve.
Según Garnica, la decisión fue asumida en aplicación de las normas internas de la institución. Explicó que Arana habría excedido sus atribuciones al pronunciarse ante los medios en nombre de la organización sin un consenso previo del directorio y al invadir competencias que, a su juicio, corresponden a otras carteras, incluida la presidencia.
“La vocería es exclusivamente del presidente y, en este caso, para poder dar la vocería a otro miembro del directorio tendría que ser consensuado”, manifestó.
El presidente de la Fedjuve aclaró, sin embargo, que Arana puede expresarse como cualquier ciudadano, aunque insistió en que hablar en representación de toda la institución requiere coordinación interna. También mencionó que el dirigente habría tenido conflictos con otros integrantes de la organización.
Garnica señaló que la sanción inicial es de 90 días y advirtió que el directorio podría analizar nuevas medidas si considera que Arana persiste en las faltas que le atribuye.
Arana, por su parte, rechazó la suspensión y aseguró que continúa en funciones mientras no exista una notificación formal. Afirmó que la decisión no respetó el debido proceso y cuestionó que la dirigencia pretenda limitar sus declaraciones públicas.
“Hay una dictadura. Solo quieren que el presidente salga a declarar y nadie más”, sostuvo.
El dirigente argumentó que el artículo 29 del estatuto de la organización reconoce el control social y la libre expresión como principios fundamentales. En esa línea, vinculó la sanción con sus críticas a la falta de transparencia en las decisiones y actividades de la Fedjuve.
Arana aseguró que pidió explicaciones sobre denuncias y versiones relacionadas con la supuesta intención de algunos dirigentes de acceder a cargos públicos, así como sobre el manejo de espacios vinculados a la gestión institucional. No obstante, en sus declaraciones no atribuyó esos señalamientos a una persona concreta ni presentó documentación que permita establecer responsabilidades.
También cuestionó la presencia de funcionarios municipales en dependencias de la organización durante una reunión y reclamó que las actividades dirigenciales se desarrollen con transparencia. Además, anunció que pedirá que se investiguen otros aspectos que, según dijo, generan dudas sobre la administración interna de la entidad vecinal.
La disputa dejó al descubierto, además, tensiones políticas dentro de la organización. Durante sus declaraciones, Garnica aludió a la existencia de un familiar de Arana que trabaja en una institución pública y planteó cuestionamientos sobre eventuales vínculos con sectores cercanos al Gobierno nacional. Arana rechazó que su labor dirigencial esté relacionada con la situación laboral de su hermana y afirmó que ella tiene una trayectoria profesional propia.
Según explicó, su hermana trabajó durante más de 11 años en el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y su carrera responde a méritos profesionales. Añadió que las referencias a su entorno familiar buscan asociarlo políticamente para desacreditar sus cuestionamientos.
Arana también mencionó que, a su criterio, la controversia podría estar vinculada con la posibilidad de que se presente como candidato a la próxima dirigencia de la Fedjuve. Esa interpretación, sin embargo, corresponde a su versión y no cuenta con elementos independientes que la respalden.
La suspensión abre ahora interrogantes sobre la aplicación de los estatutos, el procedimiento disciplinario y los límites de la representación institucional dentro de la Fedjuve. Mientras Garnica defiende la potestad de la presidencia para centralizar la vocería oficial y exige respeto a las normas internas, Arana insiste en que esa atribución se está usando para silenciar críticas y frenar pedidos de transparencia.
La controversia también deja pendiente conocer el contenido de la resolución de suspensión, las faltas específicas que se le atribuyen y el procedimiento aplicado para imponer la sanción. Por ahora, el caso mantiene abierta la discusión sobre si se trata de una disputa estatutaria,
