Cinco agentes policiales fueron sometidos a detención preventiva por un periodo de cuatro meses tras ser acusados de apropiarse de aproximadamente 60.000 dólares a una mujer dedicada al libre cambio, de avanzada edad, en el municipio fronterizo de Desaguadero. Los uniformados fueron trasladados al Penal de San Pedro mientras se desarrollan las investigaciones por el delito de concusión, conocido en el ámbito jurídico como “volteo”.
La fiscal encargada del caso explicó que la medida cautelar afecta a suboficiales y sargentos, y fue dictada debido al riesgo de que puedan interferir en el proceso investigativo. Además, indicó que otros cuatro policías están siendo investigados y han sido convocados a declarar en relación con el incidente.
El incidente ocurrió cuando la víctima regresaba desde Perú hacia Bolivia. Según su denuncia, durante un control policial, los agentes le advirtieron que podía perder su dinero y luego se apropiaron de la suma. Aunque la mujer declaró que ingresó al país con 150 dólares y 30.000 bolivianos, las pesquisas determinaron que el monto retenido asciende a cerca de 60.000 dólares.
La denuncia fue presentada a principios de enero, lo que dio inicio a las investigaciones por parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Un equipo especializado se desplazó hasta Desaguadero y, tras analizar imágenes de cámaras de seguridad en las oficinas de Migración, se confirmó la presencia y posible participación de los policías involucrados.
Este caso ha generado una fuerte reacción en la sociedad debido a la implicación de miembros de la fuerza encargada de proteger a la ciudadanía. Las autoridades fiscales señalaron que el dinero aún no ha sido recuperado, situación que complica la posición legal de los acusados y mantiene la incertidumbre para la víctima.
Las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer las responsabilidades individuales y determinar si existió una estructura organizada detrás del hecho. Dependiendo de los avances, no se descarta la ampliación de la investigación ni la implementación de nuevas medidas cautelares
