La comisión encargada de la investigación policial ha recomendado ampliar la indagación penal contra la exministra Nemesia Achacollo en el marco del caso relacionado con el desvío de fondos del Fondo Indígena, en el que ya están detenidos el expresidente Luis Arce y la exdiputada Lidia Patty.

El fiscal a cargo del caso, Miguel Cardozo, explicó que el informe complementario incluirá a nuevos implicados, y que tras ello se definirán las medidas investigativas y las citaciones correspondientes. Según el reporte preliminar, además de Achacollo, otras diez personas están señaladas como posibles responsables o cómplices en la transferencia irregular de recursos del Fondo Indígena a cuentas particulares vinculadas a Patty.

Se aclaró que la exministra de Desarrollo Rural y Tierras no puede ser excluida de esta investigación, ya que los hechos que se le atribuyen en este caso son distintos a los que enfrenta en otro proceso judicial, también vinculado al Fondo Indígena. Este último juicio, que involucra a Achacollo y a otras 15 personas por presuntas irregularidades en proyectos financiados por el Fondo, aún no ha comenzado pese a que debería haberse iniciado hace más de un año y permanece paralizado en el Órgano Judicial.

El fiscal detalló que entre los nuevos implicados figuran exfuncionarios y dirigentes que formaban parte del directorio del Fondo Indígena, así como personas que habrían recibido desembolsos en sus cuentas personales. En este contexto, se investiga que en 2010, cuando Luis Arce era ministro de Economía y Finanzas, autorizó de manera irregular un desembolso de 750.000 bolivianos a cuentas vinculadas a Patty, recursos destinados a ocho proyectos agrícolas en comunidades de La Paz que nunca llegaron a implementarse.

Respecto a la situación judicial, Cardozo indicó que aún están pendientes cinco órdenes de aprehensión emitidas tras la detención de Arce, quien permanece recluido en el penal de San Pedro desde diciembre. Una sala penal rechazó la apelación presentada por el exmandatario y ratificó su detención preventiva por cinco meses.

Además, se informó que el juzgado de turno desestimó un incidente de incompetencia presentado por la defensa de Arce, que buscaba anular el proceso argumentando que su condición de expresidente impedía ser juzgado por la vía ordinaria. El juez concluyó que los hechos imputados ocurrieron mientras Arce desempeñaba un cargo público, designado por el expresidente Morales, por lo que el proceso continúa bajo la jurisdicción ordinaria

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