Tras la imputación de 20 páginas presentada por la Fiscalía y el desarrollo de dos audiencias cautelares, una de ellas extendida por más de 14 horas, comenzaron a delinearse los primeros elementos de la presunta estructura que habría sostenido a la llamada “red Roma”, nombre con el que el Ministerio Público identifica al entorno investigado a partir de las dos sílabas del acrónimo de Róger Mariaca, exfiscal y principal investigado en el caso.
De acuerdo con los datos expuestos en la investigación y con las declaraciones de autoridades del Gobierno, se trataría de una organización con roles diferenciados. En la parte superior estaría una cabeza con poder institucional, acompañada por fiscales de confianza ubicados en cargos estratégicos y por un enlace policial encargado de movilizar recursos destinados a comprar protección para grupos delictivos.
En esa cúspide figura el propio Mariaca. Primero como fiscal departamental de Santa Cruz y luego como fiscal general, desde donde habría tenido capacidad para influir en investigaciones sensibles, designar colaboradores y garantizar cobertura desde el Ministerio Público. La imputación sostiene que la estructura brindaba a Sebastián Marset información anticipada sobre operativos y protección institucional a cambio de pagos que habrían llegado “hasta $us 500.000 mensuales”. Ese dato fue atribuido al propio Marset, quien no negó una relación con Eduardo Del Castillo, otra de las piezas mencionadas dentro de la red investigada.
Por debajo de Mariaca aparecen fiscales cercanos a su entorno. Uno de ellos es Alberto Zeballos, quien sucedió al exfiscal en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz pocos días después de que este asumiera la Fiscalía General, en 2024. En la investigación fue descrito como uno de sus colaboradores más estrechos y, posteriormente, el propio Mariaca lo colocó al frente de una comisión especial encargada de revisar los procesos vinculados con Marset. Ahora, el caso le atribuye un rol de protección desde la Fiscalía cruceña.
Otro de los nombres centrales es el de Martín Irusta, cuyo caso refleja el control interno que habría operado dentro de la institución. Según la imputación, Mariaca lo designó fiscal superior en febrero de 2026 sin convocatoria. Los investigadores sostienen que no reunía parámetros de idoneidad ni de calificación, pese a lo cual terminó coordinando actividades a nivel nacional e interviniendo en causas relevantes que no correspondían a sus funciones. Antes de esa designación, Irusta enfrentó una pesquisa por enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas que, de acuerdo con informes policiales citados por la Fiscalía, fue cerrada tras presiones de altas autoridades. Ese elemento ayuda a explicar la referencia al “amiguismo” mencionada por otras autoridades en los últimos días.
En esa línea, el fiscal general interino, José Armando Urioste, anunció una revisión de esas designaciones y afirmó que dentro de la Fiscalía existieron nombramientos por “compadrerío” y “amiguismo”, bajo una lógica en la que “el amigo le tapa el problema al otro amigo y así se armó la red”.
Fuera del Ministerio Público aparece el mayor Rubén Aparicio. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, lo señaló ayer como “el hombre que transportaba el dinero” destinado “para coimas y sobornos”. La imputación lo ubica como “brazo de protección policial e intermediario para conectar a Marset”.
Aparicio ya había sido mencionado en otros hechos de alto impacto. En 2022 participó en la entrega de Misael Nallar, principal acusado por el asesinato de dos policías y un voluntario del Gacip en Porongo. Más tarde fue investigado por sus comunicaciones y por posibles vínculos con personas relacionadas con ese caso, aunque negó haber participado en el crimen y finalmente quedó en libertad.
Oviedo añadió que la investigación detectó conexiones con sectores financieros, inmobiliarios y otros policías, lo que abre la posibilidad de que aparezcan nuevos implicados en el caso.
Mariaca rechazó las acusaciones en su contra. Su abogado, Jerjes Justiniano, sostuvo que se trata de una acusación “de político” y señaló que las evidencias, especialmente el dinero, deben demostrar si están vinculadas con un ilícito.
