El acuerdo suscrito entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) incorpora como uno de sus ejes centrales la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles y la convergencia de los precios minoristas internos con los valores internacionales a comienzos de 2027. Así lo establece el documento del organismo, difundido en inglés, cuyas referencias aparecen aquí en traducción no oficial.
De acuerdo con el informe, el programa de reformas económicas comprometido por las autoridades bolivianas prevé una alineación completa de los precios de los combustibles con los precios internacionales a inicios de 2027, en concordancia con el Decreto Supremo 5652. Para llegar a ese punto, el FMI señala que se aplicará un mecanismo automático de fijación de precios, encargado de ajustar periódicamente los valores internos según la estructura de costos del sector.
El organismo sostiene que el proceso implicará la retirada paulatina de los subsidios que aún permanecen vigentes. En sus proyecciones, el costo de esos subsidios pasará de 6,2% del PIB en 2025 a 2,9% en 2026, hasta ubicarse en 0% del PIB a comienzos de 2027. El documento añade que el esfuerzo fiscal previsto incluye precisamente esa eliminación gradual, acompañada de una protección social más sólida y mejor focalizada.
El acuerdo también abre espacio para una mayor participación privada en la importación y distribución de carburantes. Según el texto, esto permitirá que los operadores comercialicen combustibles a precios determinados por el mercado, en el marco de la transición hacia un esquema de precios más alineado con la realidad internacional.
Al mismo tiempo, el FMI advierte que la eliminación de los subsidios deberá ir acompañada de medidas de asistencia que reduzcan el impacto del ajuste sobre los sectores más vulnerables. En ese sentido, el documento señala que las autoridades están comprometidas a evitar que la carga recaiga de manera desproporcionada sobre los hogares pobres y vulnerables.
Para respaldar ese objetivo, el programa contempla un piso de gasto destinado a asistencia social y prevé ampliar los recursos presupuestarios orientados a los hogares vulnerables. La intención, según el organismo, es que el ajuste fiscal no se traduzca en un deterioro mayor de las condiciones de vida de los grupos con menor capacidad de absorción frente a cambios en los precios.
El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó para Bolivia un acuerdo de 36 meses bajo el Servicio Ampliado del Fondo (EFF), con un acceso de 1.369 millones de DEG, equivalentes a unos $us 1.900 millones. El programa busca restaurar la estabilidad macroeconómica, reconstruir las reservas internacionales, reducir las vulnerabilidades fiscales y externas, y promover un crecimiento sostenible liderado por el sector privado.
Además, el FMI prevé que este acuerdo pueda catalizar alrededor de $us 4.000 millones adicionales provenientes de otras instituciones financieras internacionales. En ese contexto, la transición hacia un sistema de precios de combustibles determinado por el mercado aparece como una de las reformas clave comprometidas por Bolivia dentro del programa respaldado por el organismo.
