La propuesta del Gobierno nacional de destinar un 1% de la coparticipación tributaria a las gobernaciones, en el marco de la Agenda 50/50, abrió un nuevo frente de debate entre autoridades subnacionales y el Ejecutivo. Mientras varios representantes departamentales consideran que el porcentaje resulta insuficiente frente a sus demandas, el Gobierno central sostiene que la medida responde a la realidad económica del país y cuestiona la forma en que algunos líderes regionales han expuesto públicamente sus observaciones.
Las críticas al planteamiento no tardaron en hacerse públicas. El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, calificó el 1% como una “falta de respeto” y argumentó que su departamento aporta de manera significativa al Producto Interno Bruto y a la producción agrícola, mientras la mayor parte de la coparticipación continúa concentrada en el nivel central. En términos similares, el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, rechazó la oferta al considerarla una “burla” y recordó que la propuesta inicial del Ejecutivo era de 0,4%. Además, planteó que el proceso debería avanzar hacia una meta gradual que permita llegar al 15% de coparticipación para las gobernaciones en un plazo de tres a cinco años.
También se pronunció la gobernadora de Tarija, María René Soruco, quien describió la propuesta como un retroceso y sostuvo que las competencias en salud y autonomía no deberían quedar sujetas a condiciones fiscalizadoras. A su vez, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, afirmó que el porcentaje es insuficiente para cubrir los costos de gestión de riesgos y el incremento en los carburantes, al tiempo que pidió que los municipios sean considerados de manera fundamental dentro del esquema distributivo.
Sin embargo, no todas las autoridades compartieron esa lectura. El gobernador del departamento de La Paz, Luis Revilla, respaldó el acuerdo y lo calificó como un avance en medio de la coyuntura económica actual. Según explicó, tras una negociación compleja, la oferta inicial del 0,4% fue elevada hasta el 1%, lo que permitirá distribuir alrededor de 460 millones de bolivianos entre los nueve departamentos desde 2027. Revilla añadió que ese porcentaje podría incrementarse de manera paulatina conforme mejore la economía nacional.
Desde el Gobierno central, el viceministro de Gestión y Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, expresó su malestar por la distancia entre los avances alcanzados en las mesas técnicas y las declaraciones posteriores realizadas ante los medios por algunas autoridades regionales. A su juicio, la asignación de recursos debe estar ligada al cumplimiento de responsabilidades y competencias, por lo que llamó a las autoridades subnacionales a actuar con seriedad, evitar la politización del debate y asumir los ajustes que impone la compleja situación financiera del país.
Más allá de la controversia por el porcentaje, la Agenda 50/50 contempla otros cuatro acuerdos considerados clave. Entre ellos figuran la incorporación del Régimen Agropecuario Unificado al dominio tributario departamental, la evaluación del crecimiento vegetativo en salud y educación como parte de la asignación anual, un análisis progresivo en función del desempeño económico y la posibilidad de incorporar alícuotas adicionales definidas por cada región, sin afectar a municipios, universidades ni autonomías indígenas.
Las partes también definieron un cronograma para avanzar en la formalización de estas medidas. El Gobierno prevé enviar el anteproyecto de Ley Especial de Coparticipación Tributaria a las gobernaciones el 3 de noviembre, con plazo para observaciones hasta el 4 de noviembre. Luego, el 6 de noviembre, se remitirá el documento de manera formal junto con la norma modificatoria de la Ley 154 de Clasificación de Impuestos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en cumplimiento de los compromisos asumidos en la reunión del 12 de octubre en Cobija.
