El Decreto Supremo 5697 dispone la conformación de una comisión de intervención estatal extraordinaria en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), integrada por ministros del Órgano Ejecutivo y un viceministro, con acceso a información administrativa, técnica, financiera y operativa de la estatal, además de la facultad de emitir recomendaciones para modificar procesos y contribuir a mejorar el abastecimiento de combustibles.
La instancia estará encabezada por Christian Morales, ministro de Economía y Finanzas Públicas; Óscar Mario Justiniano, ministro de Producción Sostenible; Marcelo Blanco, ministro de Hidrocarburos; Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas; y el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, dependiente del Ministerio de la Presidencia. El decreto también establece que, en caso de que los titulares de esas carteras no participen de manera directa, sus delegados deberán tener rango de viceministra o viceministro.
De acuerdo con la norma, la comisión concentrará sus tareas en la comercialización, logística y trazabilidad de combustibles. En ese marco, podrá recomendar auditorías técnicas a la cadena logística de importación y distribución de carburantes, con el objetivo de identificar posibles redes de contrabando, desvío y acopio, además de individualizar responsabilidades del personal involucrado.
El decreto señala asimismo que la comisión podrá sugerir la incorporación de profesionales especializados, consultores, peritos técnicos y personal de auxilio, así como recomendar el apoyo de entidades de control o fiscalización del Estado para asesorar los procesos de auditoría y el rediseño de procedimientos dentro de YPFB.
Entre sus atribuciones figura el acceso a la información de la gestión administrativa, técnica, financiera y operativa de la empresa estatal, así como la posibilidad de solicitar documentación, registros, contratos, informes y antecedentes necesarios para el cumplimiento de su trabajo. También podrá definir plazos, formatos, medios y condiciones para la entrega de esa información, y acceder directamente o mediante personal autorizado a los sistemas y registros de la petrolera.
La comisión deberá, además, elaborar recomendaciones para establecer medidas extraordinarias y temporales orientadas a mejorar el abastecimiento interno de combustibles mediante una gestión más eficaz y eficiente. En esa misma línea, revisará los procesos de importación, adquisición, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de carburantes, y podrá sugerir mejoras de proceso o la contratación de empresas especializadas en ingeniería de procesos.
Otra de sus funciones será evaluar operaciones y decisiones que pudieron haber afectado el abastecimiento de combustibles o incidido en la seguridad energética y en los recursos del Estado. También deberá revisar el cumplimiento de funciones de autoridades, ejecutivos, personal administrativo y técnico u operativo vinculados a la gestión de YPFB.
El decreto faculta a la comisión a recomendar a las autoridades competentes la realización de auditorías, inspecciones y verificaciones técnicas, administrativas, financieras y operativas, además de solicitar la colaboración de autoridades, gerentes y trabajadores de la estatal. Finalmente, podrá emitir informes y recomendaciones al Presidente del Estado sobre las medidas necesarias para mejorar el abastecimiento y recuperar la eficiencia de la gestión de YPFB, incluyendo la recomendación de remoción de personal si así lo considera pertinente para cumplir el objetivo del decreto.
