El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, consideró que las acusaciones difundidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos contra el fiscal general del Estado de Bolivia, Roger Mariaca, podrían abrir paso a una investigación judicial e incluso a una eventual solicitud de extradición. No obstante, remarcó que cualquier decisión de ese tipo depende exclusivamente de las autoridades estadounidenses.
En declaraciones sobre el caso, Justiniano sostuvo que “seguramente puede haber un avance judicial y podría derivar en un proceso de extradición, pero también eso no es competencia nuestra, es una competencia del Gobierno de los Estados Unidos”. Con esa precisión, el ministro dejó en claro que el Ejecutivo boliviano no tiene facultades para definir el rumbo legal de las acusaciones formuladas desde Washington.
El pronunciamiento se produjo horas después de que el Gobierno de Estados Unidos incluyera a Mariaca en un listado de autoridades, exautoridades y otras personas con restricciones para ingresar a ese país. La decisión fue adoptada tras acusarlo de atentar contra gobiernos democráticamente elegidos mediante corrupción o narcotráfico.
El Departamento de Estado señaló al fiscal general por “abusar” de sus cargos públicos “al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia”, aunque sin ofrecer mayores detalles sobre los hechos atribuidos. Como consecuencia, se dispuso vetar su ingreso al territorio estadounidense.
La medida no alcanzó únicamente a Mariaca. Según informó Washington, también se adoptaron acciones contra 12 ciudadanos bolivianos y sus familias, entre ellos el exministro de Justicia Iván Lima, además de fiscales, jueces, magistrados y un exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), a quienes se les revocaron las visas. En la lista, que no es pública, figuran además otros nueve ciudadanos que no cuentan con ese documento.
Frente a ese escenario, Justiniano explicó que el Gobierno boliviano busca acceder a información oficial que permita complementar lo difundido públicamente y conocer qué elementos respaldan los señalamientos. “Lo que estamos haciendo en este momento es hacer las consultas vía Cancillería”, afirmó.
El ministro añadió que, una vez recibidos esos datos, el Ejecutivo evaluará las acciones que correspondan dentro de las instituciones bolivianas y en el marco de la legislación nacional. También pidió prudencia respecto a las demás personas mencionadas por Estados Unidos y evitó adelantar conclusiones sobre sus casos. “Pero de las otras personas no tenemos mayor información, lo que ha salido ahí, hacer un inferido respecto a algo, creo que sería incorrecto, prefiero ser objetivo y haremos las consultas necesarias”, señaló.
En cuanto a la situación de Mariaca, Justiniano insistió en que el Gobierno no adoptará una postura de protección política, pero tampoco emitirá una condena antes de que se esclarezcan los hechos. “No va a haber ninguna protección política para nadie, no va a haber tampoco una condena anticipada”, afirmó, de acuerdo con un boletín difundido por el Ministerio de Defensa.
El ministro también remarcó que la defensa de la soberanía nacional no implica desestimar información proveniente de otros países, sobre todo cuando está vinculada con delitos como el narcotráfico y la corrupción. Al referirse a la conferencia ofrecida por Mariaca este lunes, Justiniano señaló que el fiscal general habló de soberanía, pero advirtió que ese concepto no excluye la obligación de conocer señalamientos de esa gravedad.
