El Gobierno ratificó que el retiro de la subvención a los hidrocarburos no responde a una imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI), sino a una medida que ya está en marcha y que seguirá aplicándose de forma gradual dentro del programa económico acordado con ese organismo.
La explicación fue dada por el viceministro de Tesoro y Crédito Público, Oscar Gustavo Navarro Apaza, quien precisó que el acuerdo con el FMI contempla un financiamiento de aproximadamente 1.900 millones de dólares, desembolsados en varios tramos. Según señaló, Bolivia acudió al organismo internacional en busca de respaldo para su plan económico, con el propósito de estabilizar la economía, el tipo de cambio y la inflación.
Consultado de manera directa sobre si la eliminación de la subvención a los hidrocarburos era una condición exigida por el FMI, Navarro respondió que no se trata de condicionamientos, sino de metas que el país debe cumplir dentro del programa. Con esa afirmación marcó distancia de lo expresado anteriormente por el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, quien había descrito el Decreto Supremo 5676 y la liberación del precio de los hidrocarburos como un condicionamiento del organismo internacional.
Ante esa diferencia de criterios, Navarro dijo desconocer si Aramayo participó en las negociaciones y sostuvo que corresponde al propio ministro aclarar a qué condiciones del acuerdo se refería cuando hizo esa afirmación.
En paralelo, el viceministro confirmó que la subvención continuará reduciéndose, aunque insistió en que el proceso será gradual y estará acompañado por medidas orientadas a proteger a los sectores más vulnerables. Recordó que en diciembre del año pasado se incrementaron los precios de los carburantes y que después se aplicaron transferencias monetarias para mitigar el impacto en las familias de menores ingresos.
Navarro también defendió la decisión de avanzar en la reducción de la subvención al considerar que se trata de una política regresiva, porque —según explicó— beneficia en mayor medida a quienes tienen mayor capacidad de consumo. A la vez, adelantó que el Gobierno deberá aplicar otras medidas para disminuir el déficit fiscal, entre ellas ajustes en el gasto público, cambios en empresas deficitarias y una reducción de personal en áreas que considera innecesarias.
El Ejecutivo, añadió, también apuesta a elevar los ingresos mediante el crecimiento de la economía y la llegada de nuevas inversiones. En ese marco, remarcó que el objetivo del programa es ordenar las finanzas públicas, recuperar reservas y garantizar la disponibilidad de dólares, al mismo tiempo que se busca contener la inflación.
