La tensión social en torno al Decreto Supremo 5503 se intensificó nuevamente, luego de que la Central Obrera Boliviana (COB) decidiera no participar en el diálogo convocado por el Gobierno nacional para buscar acuerdos sobre la implementación de esta normativa. La dirigencia sindical condicionó su participación a la liberación de afiliados detenidos y a la derogación del decreto, mientras que el Ejecutivo amplió la convocatoria para incluir a más de 75 organizaciones sociales, manteniendo abierta la invitación para que la COB se integre a las conversaciones.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó la ausencia de la COB y lamentó que, pese a una convocatoria formal y pública, la dirigencia sindical optara por no asistir. Oviedo destacó que la reunión estaba preparada, con la presencia de autoridades como el ministro de la Presidencia y el ministro de Economía, y señaló que esta situación refleja claramente la diferencia entre la voluntad de diálogo y una actitud de confrontación.
Según el ministro, la iniciativa para dialogar fue promovida inicialmente por el líder de la COB, Mario Argollo, pero posteriormente la dirigencia decidió no presentarse. A pesar de ello, el Gobierno reiteró que las puertas del diálogo permanecen abiertas y que se reactivará tan pronto las organizaciones manifiesten su disposición para participar.
La jornada estuvo marcada por un ambiente de alta tensión. Circuló información sobre una supuesta detención de Argollo, que fue desmentida por el ministro Oviedo. Además, un operativo policial para requisar explosivos en un hotel vinculado a la COB aumentó la conflictividad y provocó protestas de sectores afines a la dirigencia sindical.
Por su parte, Félix Nina, representante de la Central Obrera Departamental de La Paz, afirmó que no habrá diálogo mientras alrededor de una docena de afiliados permanezcan detenidos, denunciando una “represión brutal”. Esta versión fue rechazada por la Policía, que calificó el operativo como una acción rutinaria.
En paralelo, el Gobierno continuó con la socialización del Decreto Supremo 5503, reafirmando su compromiso con un proceso de diálogo abierto y permanente. En una reunión multisectorial participaron más de 40 organizaciones y representantes sociales de alcance nacional, incluyendo Conaljuve y sus delegaciones departamentales, diversas federaciones vecinales, la Coordinadora Periurbana de El Alto, la Confederación de Gremiales, agrupaciones de artesanos, jubilados, profesionales independientes, sectores del transporte pesado, así como el Comité Cívico de La Paz.
Durante este encuentro, los ministros Óscar Mario Justiniano y Mauricio Zamora acompañaron el proceso de escucha y recogieron las propuestas de los distintos sectores, quienes expresaron su respaldo al diálogo promovido por el Gobierno.
En el ámbito jurídico, el conflicto también presentó obstáculos. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) informó que no puede resolver los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el Decreto Supremo 5503 debido a la falta de quórum. El magistrado Ángel Dávalos explicó que la normativa exige al menos cinco votos de nueve magistrados para sesionar, pero actualmente el TCP cuenta solo con cuatro, tras la salida de algunos magistrados.
Dávalos hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que apruebe una ley transitoria que permita al TCP funcionar con el número reducido de magistrados. Mientras tanto, sectores sociales continúan cuestionando la constitucionalidad del decreto, aunque el ministro Espinoza aseguró que la norma se ajusta a la Constitución hasta que el Tribunal Constitucional determine lo contrario
