La Asociación de Prestatarios de Buena Fe ha manifestado su oposición al reciente acuerdo firmado entre el Gobierno nacional, el sistema financiero y ciertos representantes de prestatarios, argumentando que este pacto vulnera los derechos establecidos en la Ley 1670. Según esta organización, la medida favorece principalmente a las entidades financieras en detrimento de los usuarios endeudados, distorsionando el propósito original de la normativa sobre diferimiento de créditos.
El convenio, que busca facilitar el diferimiento de créditos para vivienda social y préstamos productivos dirigidos a micro y pequeñas empresas, fue suscrito en el marco del Decreto Supremo 5503. En la firma participaron asociaciones bancarias y financieras, así como agrupaciones que aseguran representar a los prestatarios afectados. Sin embargo, la Asociación de Prestatarios de Buena Fe ha cuestionado la legitimidad de los firmantes que representan a los usuarios, señalando que carecen de respaldo orgánico y fueron rechazados por las bases.
El acuerdo contempla la suspensión de medidas judiciales por seis meses para créditos de vivienda social, la gestión individualizada del diferimiento por parte de cada prestatario, un tratamiento voluntario para créditos no cubiertos por el decreto mediante mecanismos definidos por la banca, y la garantía de que las cuotas diferidas no generarán intereses extraordinarios. No obstante, este último punto ha generado críticas, ya que los prestatarios advierten que los intereses regulares continúan acumulándose, lo que contraviene el espíritu de la Ley 1670.
La presidenta de la Asociación de Prestatarios de Buena Fe en Tarija, Natividad Amador, afirmó que existe un rechazo generalizado en todo el país hacia el acuerdo, y que ninguna organización legítima de prestatarios lo respalda. La dirigente señaló que están coordinando acciones legales, incluyendo la presentación de una acción constitucional, y evalúan sumarse a las movilizaciones nacionales en rechazo al Decreto Supremo 5503.
Entre las preocupaciones principales está que el acuerdo deja en manos de las entidades financieras la decisión final sobre quién puede acceder al beneficio del diferimiento, lo que, según los prestatarios, traslada toda la carga de la crisis económica a los usuarios. Asimismo, denunciaron que las entidades bancarias continúan amenazando con reportes negativos a la central de riesgos y con la mora a quienes no cumplan con los pagos, a pesar de la vigencia de la Ley de Diferimientos.
La Asociación ha solicitado a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) que se pronuncie sobre la aplicación de la Ley 1670, confirmando que esta norma continúa vigente y en pleno efecto, a la espera de una respuesta formal que se espera para los próximos días. En este contexto, los prestatarios mantienen firme su postura de defensa de sus derechos y preparan una batalla judicial para garantizar la correcta aplicación de la ley y evitar perjuicios a los usuarios del sistema financiero
