El Gobierno dispuso la intervención temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un periodo de hasta 180 días calendario, mediante el Decreto Supremo 5697, aprobado el 1 de septiembre. La decisión fue adoptada ante las deficiencias detectadas en sus operaciones y con el propósito de fortalecer la cadena logística de importación y distribución de carburantes.
De acuerdo con la norma, de manera excepcional el ministro de Hidrocarburos y Energías podrá ampliar ese plazo mediante una resolución ministerial, siempre que persistan las causas que motivaron la intervención.
El decreto fue promulgado con el objetivo de proteger los intereses del Estado y establecer una intervención estatal extraordinaria, transparente y temporal sobre la empresa estatal, orientada a implementar mecanismos extraordinarios de control, supervisión y transparencia en toda la cadena logística vinculada a la importación y distribución de carburantes.
La disposición también aclara que la intervención no implica la supresión de YPFB, ni modifica su naturaleza jurídica ni la estructura que tiene definida en la normativa vigente.
Asimismo, se establece que las actuaciones de la comisión interventora deberán regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, eficiencia, transparencia y responsabilidad pública.
