El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, sostuvo que los señalamientos formulados por el Departamento de Estado de Estados Unidos contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, podrían abrir paso a una investigación judicial e incluso a una eventual solicitud de extradición. Sin embargo, remarcó que cualquier decisión de ese tipo depende exclusivamente de las autoridades estadounidenses.
“Sí, esto podría derivar en una investigación, un avance judicial en caso de Estados Unidos, en una solicitud probablemente de extradición, pero eso corresponde a un ámbito que no es nuestro y serán las autoridades de Estados Unidos las que responderán al respecto”, afirmó.
Las observaciones de Washington no se enmarcan en la misma medida migratoria aplicada a otros funcionarios y exfuncionarios bolivianos, sino en una disposición distinta que incluyó al fiscal general. Según el Departamento de Estado, Mariaca habría solicitado y aceptado sobornos para facilitar el narcotráfico y permitir que delincuentes violentos evadieran la justicia. Se trata, aclaró el Gobierno, de acusaciones emitidas por la administración estadounidense y que no constituyen por sí mismas una condena judicial.
Frente a este escenario, el Ejecutivo boliviano informó que busca acceder a información oficial para conocer qué elementos respaldan los señalamientos. Justiniano indicó que el trámite se realiza a través de la Cancillería.
“Lo que estamos haciendo en este momento es hacer las consultas vía Cancillería”, manifestó.
Una vez que lleguen esos antecedentes, las instituciones nacionales evaluarán las acciones que correspondan dentro del marco de la legislación boliviana. En esa línea, el ministro pidió prudencia respecto a las demás personas alcanzadas por las medidas estadounidenses y evitó adelantar conclusiones ante la falta de mayores datos.
“Pero de las otras personas no tenemos mayor información, lo que ha salido ahí, hacer un inferido respecto a algo, creo que sería incorrecto, prefiero ser objetivo y haremos las consultas necesarias”, sostuvo.
Justiniano también descartó que el Gobierno vaya a brindar protección política a cualquier persona involucrada en estos señalamientos, aunque insistió en que tampoco corresponde emitir una condena anticipada.
“No va a haber ninguna protección política para nadie, no va a haber tampoco una condena anticipada”, afirmó.
Al referirse a la soberanía nacional, explicó que defenderla no implica desestimar información proveniente del exterior cuando está vinculada con investigaciones sobre narcotráfico o corrupción. A su juicio, ese tipo de datos debe ser recibido, verificado y evaluado por las instituciones bolivianas.
“Defender la soberanía no significa ignorar con claridad información seria, proveniente de un socio, en este caso Estados Unidos. Significa recibir esa información, hay que verificarla y hay que decidir en Bolivia, mediante instituciones bolivianas y conforme a la ley boliviana también”, explicó.
En otro momento, la autoridad destacó la cooperación internacional en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, y aseguró que Bolivia trabaja de manera conjunta con otros países. Dijo además que el país vuelve a ser considerado confiable en ese ámbito.
“Hay una diligencia importante en el tema de la cooperación internacional con los otros países. Estamos trabajando en forma conjunta en Bolivia, vuelve a ser un país confiable, vuelve a ser un país que se sienta en la mesa, en una lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra la corrupción”, manifestó.
Finalmente, planteó revisar el funcionamiento de toda la cadena institucional encargada de combatir el crimen organizado, desde la Policía y el Ejecutivo hasta el Ministerio Público y el Órgano Judicial. Señaló que las detenciones pierden eficacia si los implicados recuperan rápidamente su libertad o acceden a medidas que luego les permiten escapar.
“Se pueden hacer detenciones de personas que han cometido crímenes, pero si rápidamente son liberados o se les da detención domiciliaria y luego se escapa, entonces todo el trabajo es en vano”, señaló.
El ministro consideró necesario abordar estas debilidades de manera estructural para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad. La información fue difundida por el Ministerio de Defensa.
