El tratamiento del Plan Operativo Anual (POA) 2027 volvió a colocar bajo presión a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, donde persisten las diferencias sobre el momento en que el pleno debe pronunciarse respecto del documento remitido por la Gobernación. En medio de ese escenario, el asambleísta de Camino al Cambio, Marco Gutiérrez, cuestionó al presidente del órgano legislativo, Álvaro Ojeda, por no haber convocado aún a una sesión destinada a definir el futuro del presupuesto de la próxima gestión.
Gutiérrez considera que el Legislativo departamental está dejando pasar un plazo clave y advierte que la demora puede derivar en mayores complicaciones para la planificación institucional de 2027. A su criterio, la prioridad debería estar en resolver el trámite del POA y no en prolongar una discusión que, según dijo, termina afectando la capacidad de decisión de la Asamblea.
Su observación también alcanzó el retorno de Ojeda a la conducción del ente legislativo. El asambleísta sostuvo que esa reincorporación no estuvo acompañada por una revisión de las dificultades que llevaron a la paralización del tratamiento presupuestario, por lo que insistió en que la directiva debe encaminar cuanto antes una convocatoria al pleno.
La urgencia del tema está marcada por el plazo de 30 días previsto en el Estatuto Autonómico Departamental para emitir un pronunciamiento sobre el instrumento de planificación. De acuerdo con los antecedentes difundidos por autoridades departamentales, ese periodo vence el 9 de octubre, lo que deja a la Asamblea con pocos días para adoptar una determinación.
El proyecto fue enviado por la Gobernación luego de incorporar modificaciones y atender observaciones surgidas durante su revisión. Pese a ello, el documento todavía no fue llevado al pleno para su consideración final. Mientras tanto, la Comisión de Economía y Finanzas continuó con el análisis, en medio de observaciones vinculadas con la socialización del contenido, la distribución de partidas y la inclusión de demandas sectoriales.
Desde la Presidencia de la Asamblea se anunció que el tratamiento seguiría durante esta semana y se sostuvo que existen sectores que no habrían sido contemplados en la propuesta. La Gobernación, por su parte, afirma que las observaciones técnicas ya fueron atendidas y que el único paso pendiente es la decisión legislativa.
La definición del POA adquiere especial relevancia porque de ese instrumento depende la organización de las prioridades de inversión, funcionamiento y prestación de servicios durante la próxima gestión. Además, su aprobación permite continuar las gestiones presupuestarias ante el nivel central y precisar con mayor claridad los recursos disponibles para programas y proyectos departamentales.
La propuesta para 2027 contempla recursos destinados a inversión, servicio de la deuda y gastos corrientes, además de áreas como salud, infraestructura, caminos, desarrollo productivo y otras obligaciones del Gobierno Departamental. Cualquier ajuste posterior deberá sujetarse a la disponibilidad financiera y a las restricciones que enfrenta actualmente Tarija.
El debate se desarrolla, además, en un contexto económico complejo para el departamento. La reducción de ingresos provenientes del sector hidrocarburífero ha limitado el margen financiero de la Gobernación, mientras que el incremento de los costos operativos, especialmente por el encarecimiento y las dificultades de abastecimiento de combustibles, suma presión sobre las cuentas públicas.
En ese marco, Gutiérrez sostiene que la Asamblea no puede seguir postergando la definición. Su pedido apunta a que la directiva fije una fecha de sesión y permita que los 30 asambleístas asuman una posición sobre el documento, ya sea para aprobarlo o para introducir las modificaciones que correspondan.
La controversia también refleja la tensión entre el Ejecutivo departamental y la mayoría legislativa. Mientras la Gobernación atribuye la demora a la falta de decisión del Legislativo, algunos asambleístas señalan que el proyecto aún requiere información complementaria para garantizar que las demandas de las provincias y de distintos sectores hayan sido incorporadas de manera adecuada.
Con el vencimiento del plazo cada vez más cerca, el margen para nuevas dilaciones se reduce. La ausencia de una convocatoria formal mantiene pendiente una decisión que trasciende las diferencias políticas, debido a que el presupuesto define la capacidad operativa del departamento durante todo 2027.
Gutiérrez insiste en que el Legislativo debe cumplir con su responsabilidad institucional y resolver el POA antes de que la disputa política derive en mayores dificultades administrativas. Para Tarija, el desafío inmediato pasa por cerrar la planificación de la próxima gestión y evitar que la falta de acuerdos termine condicionando la ejecución de recursos y proyectos.
Ahora la atención está puesta en la directiva
