La investigación por el acribillamiento de un hombre registrado el 1 de mayo en Bermejo, Tarija, sigue sin contar con un elemento que la defensa considera esencial para avanzar en el esclarecimiento del caso. El abogado Elein Velásquez denunció que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) aún no entrega la pericia informática solicitada dentro del proceso, un informe que, según explicó, podría ser decisivo para reconstruir lo ocurrido y establecer responsabilidades.
De acuerdo con lo expuesto por el jurista, el análisis técnico debía revisar información almacenada en dispositivos electrónicos y otros soportes digitales vinculados con el hecho. Ese material, sostuvo, permitiría rastrear contactos previos al ataque, reconstruir desplazamientos, identificar comunicaciones relevantes y determinar si hubo participación de otras personas en la planificación o ejecución del crimen.
La ausencia de ese estudio mantiene incompleta una parte importante de la investigación. Para la defensa, no se trata de una diligencia secundaria, ya que su contenido serviría para contrastar las versiones recogidas durante las pesquisas con datos verificables extraídos de teléfonos celulares, cámaras, archivos digitales y otros elementos incorporados al expediente.
El hecho que dio origen a la causa ocurrió en Bermejo durante la jornada del 1 de mayo, cuando la víctima fue atacada con disparos en circunstancias que generaron preocupación entre los habitantes de esa ciudad fronteriza. Desde entonces, las autoridades han impulsado actuaciones destinadas a establecer la secuencia del crimen, identificar a los responsables y determinar el móvil.
La pericia informática fue requerida precisamente como parte de esas diligencias, pero su entrega continúa pendiente. Velásquez cuestionó que el procedimiento no haya concluido y advirtió que la demora limita el avance de las actuaciones procesales. La defensa espera que el IDIF remita el resultado al Ministerio Público para que sea incorporado formalmente al expediente.
Según lo planteado, el análisis digital podría aportar datos sobre llamadas, mensajes, ubicaciones, fotografías, videos y conexiones entre los involucrados. También permitiría verificar si existieron coordinaciones antes o después del ataque, así como precisar la presencia de los investigados en determinados lugares y horarios.
Sin embargo, la utilidad de esos elementos dependerá de la cadena de custodia, la metodología aplicada y la interpretación técnica del contenido. Por ello, el informe debe ser elaborado por personal especializado y presentado con los respaldos necesarios para que pueda ser valorado dentro del proceso.
La demora genera inquietud porque el paso del tiempo puede dificultar la obtención de nuevos testimonios, la conservación de registros audiovisuales y la recuperación de información almacenada en plataformas digitales. Algunos sistemas eliminan automáticamente archivos o restringen el acceso a datos antiguos, lo que vuelve especialmente importante la actuación oportuna de los investigadores.
El caso también volvió a poner sobre la mesa la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de realizar estudios forenses. Las pericias informáticas requieren equipos, personal capacitado y procedimientos específicos, sobre todo cuando se trata de extraer información de dispositivos bloqueados o analizar grandes volúmenes de datos.
Mientras el documento no sea entregado, la Fiscalía deberá continuar con las diligencias que no dependan de ese resultado. Entre ellas se encuentran la toma de declaraciones, la revisión de cámaras de seguridad, la identificación de testigos, la reconstrucción del recorrido de la víctima y la comparación de otros indicios obtenidos en la escena.
La defensa considera que el informe puede ser determinante para orientar las siguientes decisiones del proceso. Su contenido podría respaldar una hipótesis investigativa, descartar determinadas versiones o abrir nuevas líneas relacionadas con personas que todavía no hayan sido incluidas en la causa.
Por ahora, la denuncia se concentra exclusivamente en la falta de entrega del estudio y no implica una conclusión sobre la responsabilidad de los investigados. La determinación de los autores y del grado de participación de cada persona corresponde a las autoridades competentes, con base en pruebas obtenidas legalmente y sometidas a control judicial.
En ese contexto, el Ministerio Público deberá definir las acciones necesarias para obtener el documento y establecer si existe un plazo concreto para su presentación. También tendrá que valorar si la demora responde a dificultades técnicas, acumulación de trabajo u otras circunstancias administrativas.
La investigación sigue abierta y el resultado de la pericia informática es esperado por las partes como un elemento que podría aportar precisión a la reconstrucción del ataque. Hasta que se conozca su contenido, permanecen las dudas sobre la planificación del acribillamiento, la identidad de quienes intervinieron y las razones que motivaron el crimen.
