El Gobierno boliviano intervino una estación de servicio en el municipio de Mapiri, en el departamento de La Paz, luego de detectar la venta de gasolina a 8 bolivianos por litro, por encima del precio oficial de 6,96 bolivianos. En paralelo, en Pailón, Santa Cruz, dos personas fueron detenidas tras descubrirse un esquema de reventa ilegal de diésel que llegaba a comercializarse hasta en 20 bolivianos por litro.
Las irregularidades fueron halladas durante operativos de control realizados en el marco de la intervención a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), según la información difundida por las autoridades y reportada por Unitel. En ambos casos, los hallazgos derivaron en medidas inmediatas sobre los puntos intervenidos.
En Mapiri, además del cobro por encima del precio regulado, las autoridades detectaron la falta de aproximadamente 37.000 litros de diésel. Durante la inspección, los representantes del surtidor intentaron explicar la diferencia con el argumento de que se trataba de “ajustes contables”, pero esa versión fue descartada por las autoridades debido al volumen faltante y al funcionamiento normal de los sistemas informáticos de facturación.
El seguimiento al transporte desde la planta de Senkata también permitió identificar interrupciones voluntarias en la señal de GPS de las cisternas y demoras inusuales en los tiempos de viaje, elementos que reforzaron la decisión de precintar e inhabilitar el establecimiento.
En Pailón, la intervención alcanzó una vivienda donde se descubrió un punto de acopio clandestino. Según la información oficial, los involucrados compraban combustible en surtidores autorizados utilizando un camión y luego lo trasvasaban con una bomba a turriles y contenedores plásticos. Posteriormente, ese carburante era revendido a productores agrícolas de la zona a precios que oscilaban entre 16, 18 y 20 bolivianos por litro.
La operación concluyó con el decomiso de 2.500 litros de combustible y la detención de dos personas, que fueron puestas a disposición de la justicia.
Los ministros Marcelo Blanco y Óscar Mario Justiniano presentaron públicamente los resultados de los operativos este lunes. Blanco calificó lo ocurrido en Mapiri como un incumplimiento grave a la normativa vigente, mientras que Justiniano señaló que la red detectada en Pailón funcionaba de manera continua para obtener ganancias ilícitas a costa del trabajo de las familias productoras.
Las autoridades adelantaron que las inspecciones continuarán en distintos puntos del país y que se emitirán reportes periódicos sobre los avances de estas acciones de control.
