El juez Juan José Quiroz anuló la orden de libertad que había concedido previamente a Clodoaldo Figueroa Saume, conocido como el ‘Tío Vago’, un individuo señalado como un importante líder en el narcotráfico, vinculado a secuestros y a la organización terrorista Sendero Luminoso. Además, dispuso su inmediata detención preventiva.
Esta decisión judicial revoca la resolución emitida a inicios de mes, cuando se autorizó la liberación de Figueroa Saume, quien se encontraba en detención preventiva. El juez emitió un nuevo auto interlocutorio que ordena al centro penitenciario de Palmasola proceder con la reclusión inmediata del acusado, en el marco de una investigación penal por presunta participación en secuestro, asociación ilícita, falsedad material e ideológica, y uso de documentos falsificados.
El imputado, que utiliza desde 2010 una identidad falsa bajo el nombre de Rafael Cossío Limachi para evadir controles, es uno de los más buscados no solo en el país, sino también en otros seis estados de América Latina.
Tras la emisión de la nueva orden de captura, la Interpol, junto a unidades especializadas como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y grupos de inteligencia, activaron operativos para localizar al sospechoso. Se realizaron allanamientos en propiedades vinculadas a sus documentos, aunque hasta ahora no se ha logrado su detención, y se presume que aún permanece en territorio nacional.
Figueroa Saume había sido capturado el 25 de agosto de 2025 en la zona sur de Santa Cruz, oculto bajo su identidad falsa, y posteriormente recluido en Palmasola junto a otros implicados en el secuestro del empresario Erick Roberto Baeza Achá. Según las investigaciones, este secuestro estaría relacionado con ajustes de cuentas en el ámbito del narcotráfico.
Las autoridades confirmaron que el ‘Tío Vago’ mantenía conexiones con el tráfico de drogas y con la organización subversiva peruana Sendero Luminoso. Se le atribuye la participación en una red criminal transnacional dedicada al transporte de cocaína desde la selva peruana hacia la Amazonia boliviana, desde donde la droga era procesada para su distribución en países como Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.
La liberación del acusado a principios de enero generó una rápida reacción por parte del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía, que iniciaron investigaciones para determinar la legalidad y fundamentación de dicha medida. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia manifestó que se solicitó un análisis exhaustivo del expediente, mientras que el titular del Consejo de la Magistratura informó que, en caso de detectarse irregularidades en el actuar del juez Quiroz, se podrían imponer sanciones correspondientes
