A pocos días de que venza el plazo del estado de excepción, el gabinete de ministros aprobó ayer el decreto mediante el cual el Ejecutivo pedirá a la Asamblea Legislativa Plurinacional ampliar la medida. La decisión abrió de inmediato un debate político y jurídico sobre si corresponde su continuidad, qué procedimiento debe seguirse y qué argumentos deben ser expuestos para sostenerla.
Desde distintas fuerzas políticas e instituciones surgió una coincidencia: antes de cualquier ampliación, el Gobierno debe explicar qué hizo durante los tres meses de vigencia de la medida y por qué considera necesario prolongarla. Para varios legisladores y autoridades, la discusión no pasa solo por la legalidad de la solicitud, sino también por los resultados obtenidos hasta ahora.
La diputada de Unidad Nacional, Julieta Jiménez, sostuvo que si el Ejecutivo pretende extender el estado de excepción debe acudir a la ALP para informar sobre las acciones desarrolladas durante ese tiempo. A su criterio, los tres meses transcurridos no fueron aprovechados para resolver los problemas del país. Pese a ello, dejó abierta la posibilidad de respaldar una ampliación si esta tiene como objetivo resguardar la paz social frente a eventuales nuevas movilizaciones. En ese marco, insistió en que el Gobierno debe exponer y justificar sus razones ante los legisladores.
En la misma línea, Edgar Zegarra, de alianza Libre, afirmó que una eventual prórroga debe surgir de una solicitud formal del Ejecutivo y estar acompañada de una explicación clara sobre su finalidad. Condicionó su respaldo a que la medida esté vinculada con respuestas al desabastecimiento de diésel y gasolina, la estabilidad del dólar y acciones para aliviar la presión social. Además, pidió que el ministro de Gobierno presente un informe antes de que se produzca la votación.
Por su parte, el diputado Daniel Fernández, del PDC, indicó que la ampliación está siendo evaluada ante el temor de nuevos escenarios de conflictividad. Recordó las advertencias sobre movilizaciones y el desgaste generado por los 53 días de bloqueos, y señaló que los legisladores analizarán la situación nacional y la necesidad de mantener la medida, con el propósito de evitar confrontaciones.
Las críticas a la efectividad del estado de excepción también llegaron desde autoridades regionales y cívicas. El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, cuestionó que la medida haya dado resultados concretos, debido a que durante sus tres meses de vigencia se registraron protestas y bloqueos. Dijo que una prórroga podría ser respaldada si el Ejecutivo la considera necesaria, pero advirtió que debe traducirse en acciones reales de seguridad y control fronterizo; de lo contrario, sería, según expresó, “un saludo a la bandera”.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, también pidió revisar con cuidado los motivos, el alcance y la duración de una eventual ampliación antes de pronunciarse a favor. En su criterio, el Gobierno debe mostrar resultados y fundamentar con claridad cualquier nueva decisión.
Desde una postura crítica más frontal, el jefe de Libre, Jorge Tuto Quiroga, afirmó que el estado de excepción aplicado durante 90 días fue “declarativo y enunciativo” y no tuvo efectividad. Sostuvo que el Gobierno debe rendir cuentas y justificar una eventual prórroga, al considerar además que una extensión podría postergar reformas parciales a la Constitución. A su juicio, la medida no logró levantar los bloqueos.
En contraste con las posiciones favorables a su continuidad, el dirigente campesino Nelson Virreyra rechazó una ampliación y aseguró que el estado de excepción no resolvió la crisis económica ni el problema del abastecimiento. Advirtió que mientras persistan la falta de combustible, empleo y recursos, las movilizaciones continuarán.
Desde la Defensoría del Pueblo, Pedro Callisaya planteó que el problema de fondo no se resolverá únicamente extendiendo la medida. La institución recogió en 29 círculos de diálogo las percepciones de 933 participantes de 167 sectores y recomendó atender las causas estructurales mediante diálogo preventivo, presencia estatal, información clara y cumplimiento de acuerdos.
En el plano jurídico, el abogado constitucionalista José Luis Santistevan explicó que la ampliación del estado de excepción está prevista dentro del orden constitucional y legal. Señaló que la Ley 1740 reglamenta el procedimiento establecido en la Constitución Política del Estado y dispone que una extensión requiere autorización previa de la ALP para que luego el Ejecutivo emita el decreto supremo correspondiente.
El jurista precisó que esa autorización debe aprobarse por mayoría absoluta de los asambleístas presentes. También
