La Justicia boliviana dispuso este miércoles 7 de octubre la detención preventiva por seis meses de Nelson V., dirigente campesino vinculado al evismo, quien deberá permanecer en el Centro Penitenciario San Sebastián varones, en Cochabamba. La medida fue adoptada en el marco de la investigación abierta por su presunta relación con los bloqueos registrados en distintos puntos del país entre mayo y junio pasado, una protesta que se prolongó durante 53 días y dejó un fuerte impacto en el abastecimiento y la circulación.
Tras conocerse la resolución judicial, el dirigente denunció que es víctima de una persecución política impulsada por el Gobierno. Su caso se desarrolla en medio de un escenario de alta tensión, luego de que fuera aprehendido el 6 de octubre en la ciudad de Cochabamba, cuando transitaba por la avenida Blanco Galindo. Después de su captura, fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
La investigación contra Nelson V. se activó a partir de una denuncia penal presentada en junio por el asambleísta departamental Joel Flores contra varias personas, entre ellas el dirigente campesino, por hechos vinculados con las movilizaciones. En ese contexto, la Justicia lo procesa por los presuntos delitos de atentado contra la seguridad del transporte y servicios, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Durante las protestas, Nelson V. defendió públicamente la continuidad de las medidas de presión e incluso sostuvo en junio que los bloqueos podían extenderse por un periodo prolongado. Aquellas movilizaciones, impulsadas por sectores de la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas, afectaron el tránsito de vehículos y complicaron el abastecimiento de alimentos, medicamentos, combustibles y oxígeno medicinal, además de dejar personas fallecidas y heridas.
Mientras avanzaba el proceso, varios seguidores del dirigente instalaron una vigilia afuera del Tribunal Departamental de Justicia para expresar su respaldo, según informó Los Tiempos. Con la detención preventiva ya definida, la investigación deberá determinar durante los próximos seis meses el grado de responsabilidad del dirigente en los hechos que se le atribuyen.
