El equipo económico de la Alianza Libre planteó que la subvención a los combustibles debería levantarse de manera general y mantenerse únicamente para los sectores de menores recursos, entre ellos el transporte público. La propuesta fue expuesta por Ramiro Cavero, jefe del equipo económico de esa fuerza política, quien sostuvo que el beneficio debe concentrarse en quienes realmente lo necesitan para evitar impactos mayores sobre la población vulnerable.
Cavero explicó que, en el caso del transporte público, podría implementarse un chip para controlar las rutas y verificar el consumo del combustible, con el objetivo de evitar desvíos o reventa del producto. Según su criterio, ese mecanismo permitiría mantener la ayuda focalizada sin afectar a los usuarios más expuestos a un incremento de costos.
Sin embargo, el dirigente consideró que el Gobierno eligió el “peor momento” para liberar la subvención, debido a que varios sectores productivos ya habían previsto recursos para la siembra y la cosecha. A su juicio, la decisión genera un desfase en las actividades económicas y complica la planificación de quienes trabajan en el área productiva.
Durante su declaración, Cavero también cuestionó la forma en que el Ejecutivo ha manejado el tema de los combustibles y calificó sus últimas decisiones como una “política extraña”. Recordó que, en su criterio, primero se retiró parcialmente la subvención “a medias”, luego se anunció que la medida se aplicaría en junio, después que sería en enero y finalmente se dispuso la liberación del diésel con dos precios y sin control.
Aseguró que retirar el subsidio “de pedacitos” perjudica a la economía porque genera incertidumbre, especialmente por la existencia de un precio diferenciado entre consumidores mayoristas y minoristas. También insistió en que no era el momento adecuado para aplicar la medida, porque el sector productivo ya había organizado su presupuesto para la siembra y se encontró de pronto con un cambio que, según dijo, llegó en el peor momento.
Cavero añadió que otro error del Gobierno fue no permitir que privados comercialicen combustible, de manera que YPFB pueda dejar esa tarea y concentrarse en controles de calidad. En su evaluación, el Ejecutivo no está siendo consistente con las medidas que adopta en torno al mercado de combustibles.
