El expresidente Luis Arce calificó su detención como una acción totalmente irregular e ilegal, comparándola con un secuestro propio de regímenes dictatoriales fascistas. Durante la audiencia virtual realizada para definir medidas cautelares, Arce rechazó categóricamente las acusaciones en su contra y se declaró completamente inocente. Además, señaló que prácticamente no participaba en las reuniones del directorio del Fondo Indígena.
En su intervención, que duró cerca de seis minutos, el exmandatario relató que fue detenido por un grupo de encapuchados en la Plaza del Montículo, en la zona de Sopocachi. Según su relato, los agentes descendieron de un minibús y sin mostrar ninguna orden legal lo obligaron a subir al vehículo, lo que calificó como un procedimiento arbitrario y violento, similar a prácticas de épocas dictatoriales.
Arce enfatizó que no formaba parte directamente del directorio del Fondo Indígena, sino que designaba a representantes mediante resoluciones ministeriales firmadas por él. Afirmó que su participación en esas reuniones fue prácticamente nula, mencionando que sólo asistió una vez de manera fortuita y que no tenía conocimiento del acta correspondiente a esa sesión celebrada en Tarija.
El exfuncionario atribuyó su aprehensión a motivos políticos, señalando que el gobierno actual busca culpables para desviar la atención de la situación política y que la acusación en su contra fue armada en menos de 24 horas. Rechazó también las afirmaciones sobre la falta de domicilio o empleo, recordando que desde 1999 reside en su departamento y que durante su mandato contaba con seguridad que lo trasladaba diariamente. Además, destacó que tiene un empleo estable como docente titular en la carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés desde 1990.
Por su parte, la Fiscalía argumentó ante el juez la existencia de riesgos procesales, como la posibilidad de fuga y la obstrucción a la investigación, además de presentar indicios que vinculan a Arce con decisiones que habrían facilitado el desvío irregular de fondos del Fondo Indígena. En consecuencia, la justicia ordenó cinco meses de detención preventiva en el penal de San Pedro
