La movilización organizada por la Central Obrera Boliviana (COB) en demanda de la derogación del Decreto Supremo 5503 estuvo marcada por un clima de confrontación interna. Durante la protesta, dirigentes del magisterio urbano asumieron un rol protagónico al expulsar a representantes de las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba, a quienes acusaron de haber cooptado y debilitado históricamente a las organizaciones sindicales bajo la influencia del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Este decreto, que eliminó la subvención a los hidrocarburos y estableció medidas de ajuste económico, fue el detonante de la manifestación. Entre los líderes más visibles de la marcha destacó Wilma Plata, una reconocida dirigente del magisterio paceño vinculada a la corriente trotskista del movimiento obrero. Durante el recorrido, Plata lideró las críticas hacia exdirigentes sindicales relacionados con los gobiernos del MAS, demandando la exclusión de los delegados del trópico cochabambino.
La dirigente cuestionó la legitimidad de estos representantes, a quienes calificó como corruptos y responsables de la división y debilitamiento de las bases sindicales. En respuesta, el magisterio paceño logró que los delegados del trópico se retiraran de la movilización, mientras se escuchaban consignas que exigían la salida de los masistas.
Entre las figuras señaladas estuvo el ex secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, quien enfrenta procesos judiciales por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y abuso de influencia política. Actualmente se encuentra en detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz, tras ser vinculado a supuestos sobornos. Su gestión al frente de la COB, iniciada en 2018, estuvo rodeada de controversias debido a su cercanía con los gobiernos de Evo Morales, Luis Arce y el periodo transitorio de Jeanine Áñez.
Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a los representantes del trópico, aliados de Evo Morales, situados detrás de la columna de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). La tensión entre campesinos, mineros y otros sectores sindicales, que históricamente han tenido el control de la COB, se hizo evidente en esta confrontación.
La nueva directiva de la COB enfrenta el desafío de recuperar la autonomía sindical y reconstruir la imagen de una organización que fue un símbolo de resistencia frente a las dictaduras militares, pero que en años recientes ha sido cuestionada por su proximidad con el poder político. Durante las administraciones del MAS, varias organizaciones sociales, incluida la COB, recibieron recursos y bienes a través de programas estatales vinculados al extinto Evo-Cumple, según registros oficiales.
A pesar de los incidentes, la marcha denominada “Bolivia no se vende” continúa su avance con la expectativa de llegar próximamente a la ciudad de La Paz, donde se realizará un cabildo en las cercanías de una cervecería. La dirigencia de la COB anticipó que más sectores se unirán durante el trayecto para fortalecer la demanda principal: la abrogación del Decreto Supremo 5503.
En días recientes, el actual secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, fue cuestionado por un reportaje que reveló los elevados ingresos de los mineros asalariados en empresas estatales. Sin embargo, Argollo evitó responder directamente sobre su salario, rechazando proporcionar cifras y solicitando pruebas documentales para sustentar las afirmaciones. Indicó que los aportes salariales están registrados en la Gestora Pública y que una auditoría podría despejar cualquier duda, aunque no aclaró su remuneración personal.
El dirigente defendió los altos salarios del sector minero, argumentando que se trata de trabajadores productivos que contribuyen significativamente al Estado, incluso pagando cargas impositivas elevadas que financian bonos sociales y el aparato estatal.
La investigación periodística detalló que los mineros en Huanuni y Colquiri perciben ingresos mensuales que superan los 30.000 bolivianos, con casos que alcanzan más de 50.000 bolivianos al sumar salario básico, bonos y otros beneficios. Documentos internos revelaron incluso sueldos superiores a los 80.000 bolivianos, cifras que exceden ampliamente los salarios básicos oficiales, que oscilan entre 17.312 y 22.000 bolivianos en esas regiones.
El viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Héctor Linares, confirmó que el Gobierno cumplió con todas las prestaciones correspondientes a Argollo y a los mineros, incluyendo aguinaldos y bonos de producción. Explicó que los mineros pueden recibir hasta 14 salarios al año y que en muchos casos sus ingresos duplican el salario presidencial, establecido en 22.000 bolivianos.
Linares anunció que el diálogo previsto para los próximos días será público y transmitido por televisión y plataformas digitales. Reconoció que el Decreto 5503 tiene aspectos que pueden ser mejorados, pero defendió su objetivo principal: atraer inversión privada y generar recursos para la economía nacional. Subrayó que, tras dos décadas de gobiernos del MAS, solo el 25 % de la población en edad laboral cuenta con empleo formal, mientras la mayoría subsiste en la informalidad sin acceso a prestaciones sociales ni aguinaldo
