La manifestación organizada por la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo al Decreto Supremo 5503, que suprimió la subvención a los hidrocarburos y aplicó medidas de ajuste económico, derivó en un episodio de confrontación interna durante su desarrollo. Líderes del magisterio urbano asumieron el protagonismo y expulsaron a delegados de las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba, a quienes acusaron de haber cooptado y debilitado históricamente a las organizaciones sindicales bajo la influencia del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Entre las figuras destacadas de la protesta se encontró Wilma Plata, reconocida dirigente del magisterio paceño vinculada a la corriente trotskista del movimiento obrero. Durante la marcha, Plata lideró las críticas hacia exdirigentes sindicales asociados a gobiernos del MAS y exigió la exclusión de los representantes del trópico cochabambino, calificándolos de corruptos y responsables de la división y deterioro de las bases sindicales. En el ambiente se escucharon consignas como “¡Fuera masistas!”, mientras se concretaba la salida de los delegados cuestionados.
Las críticas se extendieron hacia el exsecretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, señalado como un emblema de la “degeneración” sindical. Actualmente detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro de La Paz por presuntos casos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias y concusión, Huarachi ha sido una figura controvertida desde su nombramiento en 2018, debido a su cercanía con gobiernos anteriores y la prolongación de su mandato durante el gobierno transitorio.
Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a los delegados del trópico, aliados del expresidente Evo Morales, ubicados detrás de la columna de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Plata y representantes del magisterio exigieron su retiro de la movilización, evidenciando la persistente tensión entre diferentes sectores sindicales, especialmente entre campesinos y mineros, quienes han tenido históricamente el control de la COB.
En el contexto actual, la nueva directiva de la COB enfrenta el desafío de recuperar la autonomía sindical y reconstruir la imagen de una organización que fue símbolo de la lucha contra las dictaduras militares, pero que ahora enfrenta cuestionamientos por su cercanía con el poder político. Durante los gobiernos del MAS, varias organizaciones sociales, incluida la COB, recibieron beneficios como sedes sindicales y vehículos a través de programas estatales vinculados al extinto Evo-Cumple.
A pesar de los incidentes, la marcha “Bolivia no se vende” continúa su recorrido con la intención de llegar a la ciudad de La Paz, donde se realizará un cabildo para fortalecer la demanda principal: la abrogación del Decreto Supremo 5503. Se espera que más sectores se sumen en el trayecto para reforzar esta exigencia.
Recientemente, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, fue cuestionado sobre los elevados salarios de los mineros asalariados en empresas estatales, tema que se hizo público tras una investigación periodística. Sin embargo, Argollo evitó revelar su propio ingreso y retó a presentar documentos que acrediten las cifras. Defendió los altos sueldos del sector minero, argumentando que se trata de trabajadores productivos que aportan significativamente al Estado mediante cargas impositivas elevadas, que financian bonos sociales y el aparato estatal.
La investigación reveló que los mineros de Huanuni y Colquiri perciben ingresos mensuales que en muchos casos superan los 30.000 bolivianos, llegando incluso a más de 50.000 bolivianos al sumar salario básico, bonos y otros beneficios. Algunos registros internos muestran ingresos que exceden los 80.000 bolivianos, cifras que superan ampliamente los sueldos básicos oficiales.
Por su parte, el viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Héctor Linares, aseguró que el Gobierno ha cumplido con todas las prestaciones salariales y beneficios correspondientes a los mineros y a Argollo, incluyendo aguinaldos y bonos de producción. Indicó que algunos mineros llegan a percibir hasta 14 salarios al año y que sus ingresos pueden duplicar el salario presidencial, fijado en 22.000 bolivianos.
Linares anunció que el diálogo previsto para el lunes será público y transmitido por televisión y plataformas digitales. Reconoció que el Decreto 5503 tiene aspectos que pueden mejorarse, pero defendió su esencia, señalando la necesidad de atraer inversión privada y generar recursos para la economía nacional. Subrayó que solo el 25 % de la población en edad laboral cuenta con empleo formal, mientras la mayoría subsiste en la informalidad sin acceso a prestaciones sociales ni aguinaldo, lo que justifica la implementación de estas medidas
