La Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) salió al paso de la reciente situación que involucra a Róger Mariaca y a otros fiscales, y mediante un pronunciamiento público exhortó a las autoridades nacionales y a los órganos del Estado a respetar la independencia de poderes. La organización advirtió que permanecerá vigilante ante cualquier forma de hostigamiento contra jueces que intervengan en los procesos vinculados con estos hechos.
En su declaración, Amabol sostuvo que la investigación y sanción de hechos de corrupción, narcotráfico, crimen organizado o cualquier otro ilícito debe llevarse adelante con firmeza. Sin embargo, remarcó que esa actuación no puede servir de pretexto para desconocer la Constitución Política del Estado, el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa ni los derechos humanos.
La asociación también rechazó de manera categórica toda presión, injerencia, intimidación o interferencia que provenga de cualquier órgano o institución del Estado y que busque condicionar, de forma directa o indirecta, el ejercicio de la función jurisdiccional. En ese marco, recordó que la independencia judicial no constituye una concesión de carácter político o institucional, sino una garantía fundamental para toda persona y uno de los pilares del Estado de Derecho.
Amabol exigió que juezas, jueces, vocales y magistrados que conozcan acciones constitucionales, medidas cautelares, excepciones, incidentes, procesos penales o cualquier otra actuación relacionada con los recientes acontecimientos cuenten con garantías reales y efectivas para resolver con absoluta libertad e independencia, sometidos únicamente a la Constitución y la ley.
Asimismo, el pronunciamiento enfatiza que cualquier resolución judicial que sea considerada incorrecta debe ser impugnada exclusivamente por las vías y mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico, y no mediante amenazas, hostigamientos, presión policial, campañas de desprestigio, persecución o represalias contra la autoridad que la emitió.
La asociación advirtió que se mantendrá atenta a cualquier acto que comprometa la independencia de juezas, jueces, vocales y magistrados. En caso de verificarse amenazas, hostigamientos, represalias, interferencias, presiones indebidas o vulneraciones de derechos humanos y garantías constitucionales contra autoridades judiciales por el ejercicio de sus funciones, anunció que activará los mecanismos constitucionales, legales y convencionales de protección. Además, indicó que, de ser necesario, acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la UIM, la FLAM y otros organismos e instituciones internacionales para solicitar las medidas cautelares o de protección correspondientes.
El pronunciamiento de Amabol recibió el respaldo de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), que pidió garantías reales de seguridad para los jueces que participen en los procesos en curso.
Entre los procesados figura el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, quien en su momento también ejerció como juez.
