El caso de Róger Mariaca volvió a sacudir ayer el escenario judicial y político del país con una serie de decisiones que ampliaron el alcance de la investigación. El exfiscal recibió una segunda detención preventiva por seis meses, mientras la Policía ejecutó el traslado de sus tres principales coimputados a diferentes recintos penitenciarios. Al mismo tiempo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico allanó la vivienda del exministro Eduardo Del Castillo y el Gobierno anticipó que seguirá de cerca cada resolución que adopten los jueces dentro del proceso en curso.
La nueva audiencia cautelar de Mariaca se desarrolló desde las celdas de la Felcn en El Alto, dentro del proceso por legitimación de ganancias ilícitas abierto a partir del hallazgo de Bs 3.532.100 y $us 10.000 en una ambulancia que salió del condominio donde reside en Santa Cruz. Según la hipótesis fiscal, el dinero fue ocultado en ese vehículo luego de que este ingresara al inmueble bajo el argumento de brindar una asistencia médica que finalmente no se produjo.
Tras escuchar los fundamentos del Ministerio Público, el juez determinó nuevamente seis meses de detención preventiva para el exfiscal y ratificó como destino el penal de Cantumarca, en Potosí. Durante la audiencia, Mariaca decidió hablar públicamente por primera vez en este tramo del proceso. Negó cualquier vínculo con el narcotráfico y pidió ser recluido en Palmasola. “Yo soy el principal, al que quieren, señor juez, es a mí”, sostuvo. También anunció que apelará la decisión y afirmó que su vida quedó “en manos del Órgano Judicial”.
Mientras se desarrollaba esa audiencia, la Policía cumplió las órdenes emitidas el sábado dentro del primer proceso, por organización criminal y tráfico de sustancias controladas. Martín Irusta fue trasladado a Patacamaya, el mayor Rubén Aparicio fue ingresado a Chonchocoro y Alberto Zeballos fue llevado primero por vía aérea a Cochabamba, desde donde un contingente policial lo condujo hasta el penal de El Abra.
La investigación también alcanzó al exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo. Ayer, agentes de la Felcn allanaron su departamento en Sopocachi, en La Paz, aunque no lograron encontrarlo. Horas antes, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, había señalado que Del Castillo “está prófugo” y que la Policía lo busca a raíz de las menciones realizadas por Sebastián Marset sobre supuestos pagos a exautoridades. Consultado sobre si estaba confirmado un desembolso de $us 500.000 por protección, Oviedo respondió: “No. Bueno, eso dice Marset”.
Desde Montero, en Santa Cruz, Oviedo también endureció el mensaje hacia los jueces que deberán resolver las causas. Afirmó que el Gobierno hará un seguimiento “riguroso e implacable” ante eventuales hechos de prevaricato, encubrimiento o soborno. Además, sostuvo que la pesquisa detectó conexiones con sectores financieros, inmobiliarios y policiales, y agradeció la cooperación de organismos de inteligencia de Estados Unidos.
En paralelo, el canciller Héctor Huanca puso un límite a otra de las versiones que circuló en los últimos días. Aseguró que Bolivia no recibió hasta ahora ninguna solicitud de extradición contra Róger Mariaca. La aclaración llegó después de que otras autoridades mencionaran esa posibilidad, a partir de la decisión de Washington de restringir la visa del exfiscal y vincularlo con presuntos actos de corrupción relacionados con la protección a grupos ligados al narcotráfico.
La Fiscalía, por su parte, continúa analizando documentos, celulares e informes de inteligencia incautados durante los operativos. Con ello, el caso cerró la jornada con dos procesos abiertos contra Mariaca, cuatro investigados distribuidos en distintos penales, un exministro buscado por la Policía y una investigación que, según el Gobierno, todavía puede alcanzar a más actores vinculados con la estructura que se intenta desarticular y que habría operado desde instancias judiciales.
De acuerdo con las previsiones del Ministerio Público, Mariaca llegará hoy a Cantumarca tras su traslado a través de Sucre.
