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La comisión especial encargada de investigar el caso conocido como “gasolina basura” obtuvo una nueva ampliación de 45 días para entregar su informe final, después de que sus integrantes solicitaran más tiempo con el argumento de evitar un resultado similar al de la investigación realizada por la Cámara de Diputados, que terminó fuertemente cuestionada. La decisión fue aprobada por más de dos tercios en el pleno.

Durante la sesión, el senador Branko Marinkovic justificó el pedido de extensión y explicó que el trabajo de la comisión se había encontrado con dificultades para acceder a la información requerida. Según dijo, no querían presentar un documento que luego fuera descalificado por no aportar conclusiones de fondo, como ocurrió con el informe de Diputados.

“En la comisión no queremos dar un informe para que nos digan que fue como el de (la Cámara de) Diputados que el mismo colega Canaviri dijo ‘no dijo absolutamente nada’, lamentablemente parece que nosotros hemos pedido información que fue más complicada para Yacimientos (Petrolíferos Fiscales Bolivianos) y la ANH que no nos han querido dar”, afirmó Marinkovic al pedir la ampliación.

La comisión fue conformada el 25 de marzo de este año y originalmente debía presentar su informe en junio. Sin embargo, los conflictos sociales registrados en mayo y junio afectaron el trabajo legislativo, por lo que el 25 de junio el pleno aprobó una primera ampliación de 60 días. Ese plazo también venció en agosto sin que se entregara el documento final, motivo por el cual ahora se concedieron 45 días más.

Marinkovic sostuvo además que un informe rápido no resolverá el problema de fondo que atraviesa el país con el suministro de combustibles. En su intervención, señaló que se trata de una situación estructural y que ni siquiera la derogación de disposiciones legales permitiría que aparezca de inmediato el diésel.

“Que nosotros saquemos un informe rápido, no va a hacer que aparezca combustible. Este es un problema endémico que tenemos, así como le dije a mis amigos de la CAO en Santa Cruz, derogar el decreto tampoco va a hacer aparecer el diésel. En Santa Cruz, tenemos un problema muy grande”, expresó el senador opositor.

El legislador también cuestionó el trabajo de la Fiscalía en este caso y afirmó que no se ha convocado a personas que, a su juicio, deberían estar involucradas en la investigación. Según dijo, se trata de firmas internacionales sin presencia en Bolivia.

En su explicación, Marinkovic insistió en que el país no compra gasolina convencional, sino “gasolina base”, a la que luego se le agregan aditivos para elevar el octanaje. Afirmó que ese proceso implica gastos adicionales y mencionó que en enero se adquirió un producto “exageradamente malo” al que se le añadió manganeso para intentar mejorar su calidad y permitir que llegara a los vehículos.

“En enero lo que se compró fue exageradamente malo y lo llenaron de manganeso, eso para que más o menos llegue al octanaje y ahí tuvimos el terrible problema”, detalló.

Con la nueva ampliación aprobada, la comisión deberá ahora establecer quiénes autorizaron las compras, los aditivos y las mezclas, además de identificar a las autoridades responsables en todo el proceso.

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