La Justicia de Estados Unidos continúa avanzando en el proceso penal contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, mientras la Fiscalía defendió ante el Tribunal de Distrito Este de Virginia la validez de las pruebas obtenidas después de su captura en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Entre esos elementos figuran decenas de dispositivos electrónicos, además de las declaraciones que, según el Gobierno estadounidense, Marset realizó ante agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
La posición de la Fiscalía quedó plasmada en un documento presentado ante el tribunal como respuesta a dos planteamientos de la defensa. Uno busca excluir las declaraciones que el uruguayo habría hecho en territorio boliviano y las pruebas derivadas de ellas; el otro pretende desestimar el proceso bajo el argumento de persecución vindicativa y conducta indebida del Gobierno de Estados Unidos. La acusación pidió que ambas solicitudes sean rechazadas.
De acuerdo con la versión expuesta por la Fiscalía, Marset fue detenido por autoridades bolivianas el 13 de marzo de 2026, sin incidentes, en una mansión ubicada en el tercer anillo y la avenida Piraí, en Santa Cruz de la Sierra. Después de la captura, agentes bolivianos registraron la residencia donde se encontraba, otra vivienda conectada por un túnel subterráneo y un lugar cercano que, según el documento, era utilizado por su equipo de seguridad.
En esos operativos fueron incautados aproximadamente 23 teléfonos celulares, dos iPads y una computadora MacBook, que luego quedaron bajo custodia de la DEA. La Fiscalía sostiene que, ya en poder de autoridades estadounidenses, Marset identificó tres teléfonos —dos iPhone 17 y un iPhone 16—, además de una MacBook y un iPad, como dispositivos que utilizaba. Según el documento, también proporcionó las contraseñas de esos equipos.
El escrito judicial añade que Marset mostró a los investigadores tres billeteras de criptomonedas. Una contenía aproximadamente 1,5 millones de dólares, otra 1,43 millones y una tercera 1,03 millones, para un total cercano a 3,96 millones de dólares en activos digitales.
Según la Fiscalía, el uruguayo afirmó que esas criptomonedas provenían de su tráfico de cocaína en Bolivia y señaló que prefería reinvertir sus ganancias en la compra de más droga. También habría dicho que tenía aproximadamente 10 toneladas de cocaína con dinero invertido.
Otro de los ejes de la disputa judicial gira en torno a las declaraciones que Marset habría hecho después de su captura en la capital cruceña. La Fiscalía asegura que agentes de la DEA le comunicaron las advertencias de Miranda en español en dos ocasiones: primero en Santa Cruz, antes de las conversaciones sustanciales con los investigadores estadounidenses, y luego en el Aeropuerto Internacional Dulles, en Virginia. En ambas oportunidades, según el documento, Marset manifestó comprender sus derechos y aceptó hablar con los agentes.
Durante el traslado inicial desde el aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz, hacia Lima, Marset preguntó por los cargos que enfrentaba. Los agentes le entregaron una copia de la acusación y le explicaron el caso en términos generales. El documento indica que el acusado estuvo de acuerdo con algunas de las imputaciones y discrepó con otras.
Más tarde, fue trasladado desde Lima hasta el Aeropuerto Internacional Dulles, donde fue entrevistado por los agentes de la DEA encargados del caso. La Fiscalía admite que esa entrevista no fue grabada, pero argumenta que la sala del aeropuerto no contaba con el equipo necesario y que esa situación se ajustaba, según su versión, a la práctica habitual de la agencia.
Durante esa conversación, Marset habría firmado un formulario en español con el que autorizó el registro de sus teléfonos y otros dispositivos electrónicos decomisados en Bolivia. Luego, los investigadores revisaron con él los aparatos y le solicitaron las contraseñas.
La Fiscalía también sostiene que Marset hizo en esa entrevista declaraciones sobre actividades de narcotráfico y hechos violentos, aunque negó participación en otros delitos cuando fue consultado al respecto. La defensa, por su parte, pretende que esas manifestaciones y las pruebas derivadas de ellas queden fuera del proceso.
El Gobierno estadounidense insiste en que el acusado fue informado de sus derechos, que firmó formularios de consentimiento y que no pidió un abogado ni solicitó poner fin a las entrevistas. En esa línea, rechaza el argumento de que la captura y la posterior salida de Bolivia hayan impedido procesarlo en
