La Fiscalía de Estados Unidos pidió autorización judicial para incorporar en el juicio contra Sebastián Marset pruebas que, según sostiene, muestran que el narcotraficante uruguayo pagó sobornos a funcionarios de Bolivia, Uruguay, Paraguay y Venezuela.
La solicitud fue presentada este miércoles 11 de noviembre por el fiscal Anthony T. Aminoff ante el juez Rossie Alston Jr., del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, con el objetivo de que se autorice la presentación de evidencia sobre otros delitos en el proceso, cuya apertura está prevista para enero, según informó el semanario Búsqueda.
De acuerdo con el texto citado por medios uruguayos, Marset habría mantenido un sistema de sobornos periódicos a un alto funcionario de Bolivia, aunque no se precisa su identidad. El Observador, en base a esa publicación, indicó que ese funcionario luego repartía el dinero entre otros integrantes del Gobierno.
En el caso boliviano, la Fiscalía acusa al exfiscal Roger Mariaca de encabezar una organización criminal destinada a proteger al narcotráfico y lo vincula con Marset a partir de un video en el que el uruguayo afirma que Mariaca era su “amigo” y que le pagaba 500.000 dólares para que le avisara si existían o no operativos de captura en su contra.
Marset fue capturado en marzo de este año en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y posteriormente expulsado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por conspiración para traficar cocaína, lavado de dinero y narcoterrorismo. Los fiscales estadounidenses lo describen como líder del Primer Cártel Uruguayo (PCU) y sostienen que utilizó un esquema de “plata o plomo” para presionar a gobiernos y autoridades.
Según la información difundida por El Observador, la organización habría recibido a cambio protección para el traslado de drogas, datos sobre investigaciones policiales y alertas sobre posibles operativos para detenerlo. Incluso, los fiscales afirman que cuando las autoridades bolivianas incautaban cargamentos de cocaína, algunos funcionarios corruptos los devolvían a la organización a cambio de pagos adicionales.
El caso también incluye referencias a información que Marset habría obtenido sobre reuniones de la DEA con funcionarios bolivianos. Además, el portal uruguayo señaló, según lo reseñado por Montevideo, que el narcotraficante habría matado a opositores o a personas que colaboraban con las autoridades.
En el documento judicial, citado por el semanario uruguayo, la Fiscalía sostiene que los funcionarios de la región que se cruzaban con Marset “o bien aceptaban su dinero, o bien sufrían las consecuencias de su ira”. También afirma que presentará pruebas sobre sobornos en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela, con el argumento de que el acusado pagó a funcionarios gubernamentales para obtener información y protección frente a las fuerzas del orden.
“Estos sobornos le permitieron continuar con sus actividades de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo sin interferencia de las autoridades”, añade el escrito.
