Mientras dure el estado de excepción en Bolivia, entre el 19 de septiembre y el 17 de diciembre, los legisladores prevén instalar mesas técnicas de trabajo para comenzar el análisis de los cambios que se buscan introducir a la actual Constitución Política del Estado (CPE). La tarea se desarrollará como una fase previa a la reforma constitucional y, de acuerdo con la previsión legislativa, se extenderá desde noviembre hasta enero de 2027, cuando se activarían las comisiones y comités de ambas cámaras para el debate formal.
El trabajo se realizará de manera paralela al tratamiento de otros proyectos de ley en cada cámara y tendrá como primer paso un análisis jurídico y técnico con especialistas, con el fin de definir una ruta crítica que evite contravenciones a lo que establece la Constitución boliviana. “Las mesas técnicas no se van a detener, hay que seguir trabajando, porque lo que nos va a faltar es tiempo. Primeramente, se tiene que hacer un análisis jurídico, un análisis técnico con los profesionales entendidos”, afirmó a EL DEBER el senador Freddy Castillo, del PDC.
En el Legislativo, el debate previo a la ampliación por 90 días más del estado de excepción, solicitada por el Ejecutivo, giró precisamente en torno al riesgo de que esa medida retrasara el tratamiento urgente de la reforma constitucional, especialmente en lo referido a nuevas reglas para atraer inversiones. Pese a ello, y con voto de mayoría absoluta, la ampliación fue aprobada, aunque al mismo tiempo se buscaron mecanismos alternos para que la pausa no frene por completo el objetivo de modificar la norma suprema, más aún cuando ya se habían presentado más de seis proyectos vinculados a ese propósito.
El diputado Óscar García, también del PDC, explicó que la instalación de las mesas de trabajo será una labor coordinada entre los comités y las comisiones relacionadas con el tema, en este caso las comisiones de Constitución y de Justicia de las cámaras de Senadores y Diputados. Según la previsión, el trabajo se desarrollará en todas las ciudades capitales del país, pero antes, en octubre, se definirá la ruta crítica que permitirá ejecutar la tarea entre noviembre y diciembre. “En enero (de 2027) pensamos abrir el nuevo año con este trabajo de reforma a la Constitución”, señaló.
La reforma constitucional se plantea sobre cuatro ejes principales: economía, justicia, autonomía y electoral. En el ámbito económico, se incluyen modificaciones a las leyes de inversiones, hidrocarburos y minería. En justicia, la propuesta apunta a cambiar el sistema judicial y la elección de magistrados por voto popular. En autonomías, se busca profundizar la descentralización del Estado. Y en el eje electoral, se pretende modificar las leyes 018, 026 y 1069.
Hasta el momento, al menos seis iniciativas legislativas han sido presentadas ante la Asamblea para impulsar la reforma de la CPE. Entre ellas figuran el proyecto de ley en materia de Justicia presentado por el diputado Juan Del Granado, de Unidad; el proyecto de reforma parcial a la CPE, del diputado Carlos Alarcón, también de Unidad; la propuesta de reforma constitucional “Para salvar Bolivia”, de la bancada de Libre; y dos proyectos orientados al fortalecimiento de las autonomías y la descentralización de competencias.
La agenda legislativa, sin embargo, no se limita a la reforma constitucional. También están pendientes la “Ley de derecho para garantizar la libre protesta y la libre transitabilidad”, la nueva ley de inversiones, la de hidrocarburos y el nuevo Código Minero, iniciativas que surgen del Órgano Ejecutivo. A ello se suma la elección judicial complementaria, además de otros proyectos remitidos desde el Órgano Judicial.
En ese contexto, también han surgido propuestas para completar las acefalías en el Tribunal Constitucional y en el Órgano Judicial. Una de ellas plantea que, de manera extraordinaria, los cargos sean cubiertos mediante una elección interna a cargo de la Asamblea Legislativa y el presidente del Estado, sin acudir a las urnas. Otra alternativa propone que los magistrados suplentes asuman la titularidad para cubrir los vacíos durante los años restantes de la actual gestión.
A esta lista se agregan temas como un nuevo Pacto Fiscal o la distribución 50/50, una nueva Ley de educación, el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2027 y la elección de un nuevo Contralor General del Estado, asunto que permanece prácticamente postergado desde hace un año en la Asamblea Legislativa.
