El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, dio a conocer los primeros resultados de la intervención a YPFB en Santa Cruz y aseguró que el trabajo se concentra en tres frentes: atender la emergencia por el desabastecimiento de combustibles, impulsar cambios estructurales en el sector hidrocarburos y enfrentar a las mafias vinculadas al desvío de carburantes subvencionados.
Según explicó, el primer objetivo fue responder de manera inmediata a la falta de diésel y gasolina. Indicó que la demanda diaria en Santa Cruz rondaba los tres millones de litros y que, con el plan aplicado, se logró garantizar un volumen superior a ese requerimiento. En ese contexto, sostuvo que la medida permitió reducir de forma considerable las filas en los surtidores.
“Eliminar las filas en Santa Cruz y asegurar el combustible en una época crítica de cosecha de la campaña de invierno y siembra de verano. Hemos cumplido esta misión”, afirmó la autoridad al destacar el efecto de la intervención en medio de la alta demanda.
Zamora también se refirió al segundo eje de la intervención, enfocado en una salida de fondo para el sector. A su juicio, uno de los mayores problemas es el costo que representa la subvención a los carburantes, un mecanismo que calificó como difícil de sostener y que, además, habría favorecido el contrabando por la diferencia de precios con otros mercados.
“La subvención ha sido el gran daño que se ha hecho a los bolivianos por un tema ideológico, hemos vivido una mentira y la subvención es parte de la corrupción”, manifestó. Añadió que, sin el contexto de desabastecimiento, no se habrían detectado las mafias que, según dijo, sustraían millones de litros de combustible.
En esa línea, resaltó la aplicación del Decreto Supremo 5701, al que atribuyó la generación de condiciones para que las refinerías puedan importar crudo y procesarlo en Bolivia. Para el ministro, esta medida marca “un primer paso” para recuperar la capacidad industrial de YPFB refinería y reducir la dependencia de combustibles terminados importados.
El tercer eje de la intervención apunta a identificar y desarticular las estructuras que se benefician del combustible subvencionado. Zamora afirmó que, con apoyo del control social, comenzaron a detectarse “mafias que roban el combustible subvencionado” y que los casos identificados serán derivados a las instancias correspondientes.
Según su denuncia, estas redes estarían integradas por malos funcionarios de YPFB, de la ANH, algunos cisterneros y propietarios de estaciones de servicio, quienes desvían el carburante destinado a la población, a los transportistas y a los productores.
El ministro también planteó una reorientación de las funciones de YPFB, especialmente en el área de comercialización. Señaló que la estatal debe concentrarse en las tareas para las que fue creada, mientras que la importación de combustibles podría abrirse a una mayor participación del sector privado.
“Todo el problema que tenemos de combustible es porque YPFB comercializaba un combustible. Y fíjense el gran daño que se hizo al país importar para revender. Ahí está el negocio”, afirmó. Luego insistió en que YPFB debe enfocarse en la exploración y la explotación.
Finalmente, pidió agilizar los trámites para los importadores de combustibles y sostuvo que el sector privado debe asumir un rol relevante para asegurar el abastecimiento. “Ellos tienen que traer combustible al país y vamos a ayudarlos en todos sus trámites”, señaló.
