La jornada de este viernes en Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba, estuvo marcada por enfrentamientos, acusaciones cruzadas y una inmediata repercusión política tras los choques registrados durante la madrugada entre efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) y sectores cocaleros en el retén de El Castillo.
Los incidentes se produjeron en un punto de control que permanece bajo vigilia de productores de coca desde septiembre. De acuerdo con el reporte de la jornada, el enfrentamiento dejó tres policías heridos, además de daños en vehículos particulares y oficiales. También fue incendiada una casa de descanso de Umopar, ubicada a pocos metros del retén.
Durante la mañana, la Policía anunció que había recuperado el control de la tranca. Sin embargo, cerca de las 13:00, un grupo numeroso de comunarios volvió al lugar, retomó el retén y reforzó la vigilia. En ese contexto, representantes de las Seis Federaciones del Trópico se declararon en estado de emergencia máxima y advirtieron que no permitirán el retorno de los uniformados a la zona.
Pese a la tensión en El Castillo y a la presencia de bloqueos locales, la Unidad de Tránsito de la terminal de buses de Cochabamba informó que la carretera nueva hacia Santa Cruz continúa expedita y que los viajes al oriente del país se desarrollan con normalidad.
Las versiones sobre el origen de la violencia, sin embargo, fueron totalmente opuestas. Desde la Policía, el director de Umopar, Richard Andrés Pacheco, negó que hubiera existido provocación de parte de los uniformados y sostuvo que fueron los comunarios quienes cerraron el paso a las patrullas que se dirigían a operativos fluviales. Según su relato, incluso intentaron bajar los botes de los motorizados oficiales. Pacheco afirmó que los efectivos fueron atacados con piedras, palos y explosivos improvisados contenidos en envases de vidrio, lo que dejó tres heridos, uno de ellos atendido en un hospital por esquirlas, aunque fuera de gravedad. También aseguró que el uso de agentes químicos fue proporcional, que no hubo arrestados ni aprehendidos y que la unidad optó por replegarse para evitar una escalada mayor.
Los sectores movilizados ofrecieron una versión distinta. Un comunario aseguró que la vigilia dio paso al ingreso de 16 patrullas y que dos vehículos policiales que venían detrás estuvieron a punto de atropellar a los presentes, además de enganchar una cuerda que provocó la caída de una mujer. Según ese testimonio, cuando se pidió a las patrullas detener la marcha, los uniformados habrían regresado para gasificarlos. En la misma línea, la dirigente Leonilda Zurita denunció el incumplimiento de acuerdos firmados previamente y afirmó que la intervención dejó comunarios heridos, además de daños con armas blancas y disparos en más de diez vehículos y siete motocicletas, junto con la pérdida de pertenencias y dinero.
El conflicto también derivó en una rápida escalada política. A través de un programa radial, Evo Morales exigió la liberación de supuestos detenidos, extremo que fue negado por la Policía, y advirtió que, de no ocurrir, “el trópico de Cochabamba se levantará”. En su intervención, además, denunció presuntos cobros ilegales en los controles policiales al transporte de coca, combustible y cal destinados a actividades agropecuarias.
Desde la Asamblea Legislativa, los diputados Israel Mérida y Adriana Jiménez cuestionaron la toma del retén y señalaron que estos hechos son intolerables en el marco de un estado de excepción. Ambos pidieron a los ministerios de Gobierno y de Defensa coordinar el ingreso de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden, garantizar la libre circulación y frenar el paso de precursores químicos por la zona. También calificaron de temerarias las declaraciones de Morales y sostuvieron que debe responder ante la justicia por las acusaciones en su contra.
A su vez, el exjefe policial Boris Bellido advirtió que la violencia podría agravarse si no se establece un precedente de autoridad y presencia institucional en el trópico. Según su criterio, existe debilidad institucional en la región porque operadores de justicia, fiscales y funcionarios aún responderían a intereses políticos ligados al evismo. En ese marco, propuso operaciones permanentes de seguridad ciudadana e interdicción, similares al plan de frontera segura.
