El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Andrés Morales, informó que el Gobierno identificó un grupo de empresas públicas que será cerrado en los próximos meses, aunque advirtió que el proceso presenta algunas dificultades por la situación jurídica y financiera de varias de estas entidades.
En una entrevista con la radio Erbol, la autoridad explicó que, en el muy corto plazo, se prevé iniciar el cierre de entre ocho y diez empresas públicas. Según dijo, se trata de un primer grupo sobre el que ya existe una decisión de avanzar, aunque todavía deben resolverse aspectos técnicos y legales antes de concretar las medidas.
Morales señaló que una de las principales complicaciones está relacionada con la forma en que fueron creadas algunas de estas empresas, ya que en varios casos cuentan con activos y también con pasivos. Incluso mencionó que algunas arrastran préstamos del Banco Central en los que el Tesoro General de la Nación fue incorporado como una especie de garante.
“Tenemos que ver la mejor forma de solucionar estos aspectos, porque al final de cuentas son recursos públicos. Tenemos que ver, de manera responsable, cómo podemos proceder, incluso, para evitar mayores complicaciones futuras en cuanto a temas legales, así que es ahí donde se generan algunas complicaciones”, afirmó.
Pese a ello, el ministro indicó que también fueron identificadas otras empresas que podrían ser cerradas con mayor rapidez y de una manera más viable, lo que permitiría avanzar en el proceso con menor complejidad.
La decisión se conoce después de que, a fines de agosto, la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) presentara el diagnóstico técnico de las empresas públicas del nivel central del Estado. Ese informe detectó que varias de estas compañías acumulan alrededor de Bs 8.100 millones de deuda con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
De acuerdo con ese diagnóstico, en varios casos las obligaciones no fueron reflejadas en los balances financieros de las compañías estatales, lo que añade otra capa de dificultad al proceso de revisión y eventual cierre de las empresas identificadas.
