La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija vive momentos de preocupación institucional ante la demora de la Gobernación en remitir el Plan Operativo Anual (POA) 2027. La advertencia fue hecha pública por el presidente del Legislativo departamental, Álvaro Ojeda, quien señaló que, hasta este 4 de septiembre, el documento aún no había ingresado al órgano legislativo, pese a que solo restan tres días para que venza el plazo legal fijado para el 7 de septiembre.
Ojeda expresó que la falta de entrega oportuna del instrumento presupuestario pone en riesgo no solo el trabajo interno de revisión de la Asamblea, sino también la posibilidad de que los asambleístas cuenten con el tiempo necesario para analizar un documento de esta magnitud. A su criterio, una remisión tardía reduce de manera considerable el margen para el estudio técnico y político del POA, una situación que en anteriores gestiones ya derivó en observaciones, devoluciones e incluso ampliaciones de plazo.
El presidente de la ALDT también cuestionó la ausencia de socialización previa del contenido presupuestario con el Legislativo, al considerar que ese paso es fundamental para evitar contratiempos en la etapa de aprobación. Según advirtió, la falta de ese intercambio previo podría llevar a un tratamiento apresurado del documento o, en el peor escenario, al incumplimiento del plazo constitucional, con efectos directos sobre la certidumbre fiscal del departamento para la gestión 2027.
El POA es el instrumento que define la forma en que se ejecutarán los recursos de cada entidad territorial durante el año siguiente, por lo que su aprobación dentro de los plazos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas resulta clave para que el departamento cuente con el presupuesto habilitado desde el inicio de la gestión. Cuando su remisión o tratamiento legislativo se retrasa, también se postergan proyectos de inversión, el pago de obligaciones y el funcionamiento de las distintas reparticiones del Gobierno autónomo.
La situación en Tarija contrasta con la de otros departamentos del país, donde el proceso de aprobación del POA 2027 ya fue encaminado o concluido. En Santa Cruz, por ejemplo, el Ejecutivo departamental promulgó recientemente la ley que aprueba su presupuesto para el próximo año, por un monto superior a los 1.463 millones de bolivianos, aunque sus autoridades admitieron que esos recursos no alcanzan para cubrir todas las necesidades de la población, especialmente en infraestructura hospitalaria y vial. En Oruro, en tanto, la Asamblea Legislativa Departamental ya viabilizó la norma que aprueba su POA para la gestión 2027, con un techo presupuestario cercano a los 599 millones de bolivianos, destinado en su mayor parte a inversión pública y obras.
En Tarija, los antecedentes muestran que los plazos ajustados no son una novedad. En gestiones anteriores, la Gobernación remitió el documento a último momento, lo que en más de una ocasión provocó el rechazo inicial del POA por parte de la Asamblea y obligó a ampliar los tiempos de revisión más allá de la fecha prevista. Ese es precisamente el escenario que Ojeda busca evitar al poner en alerta temprana sobre el riesgo actual.
Hasta el momento, ni el Órgano Ejecutivo departamental ni la Secretaría de Planificación se han pronunciado públicamente sobre la fecha en que enviarán el documento a la Asamblea. Mientras tanto, el plazo del próximo lunes 7 de septiembre se acerca sin certezas sobre el destino del presupuesto departamental para 2027.
