El Gobierno del presidente Rodrigo Paz presentó este martes una nueva Política Antidroga para Bolivia, respaldada con una financiación de 492 millones de dólares, en un contexto marcado por el aumento de los cultivos de coca registrado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). El anuncio se produjo junto con la difusión del Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2025, que confirmó un incremento del 7 % en la superficie cultivada durante el último año.
De acuerdo con el reporte de la Unodc, los cultivos pasaron de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025, una variación que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, calificó como “realmente preocupante”. Durante la presentación de la estrategia, el titular de Interior sostuvo que resulta “urgente” recuperar la capacidad de intervención institucional para alcanzar resultados sostenidos en la lucha contra el narcotráfico.
La Política Antidroga 2026-2030 se estructura sobre tres ejes principales: seguridad ciudadana, salud pública y desarrollo integral. El plan plantea una respuesta que combine la reducción de la oferta y la demanda de drogas, con el objetivo de enfrentar el fenómeno desde distintos frentes y con una intervención sostenida en el tiempo.
Oviedo explicó que el Gobierno buscará reducir de manera progresiva los cultivos de coca excedentarios e ilegales hasta los límites fijados por la ley, diferenciándolos tanto de la producción legal como de los usos tradicionales de la hoja. En ese marco, la estrategia para disminuir la oferta se apoyará en una “interdicción estratégica y territorializada”, con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) como uno de sus principales brazos operativos.
A esa línea de acción se sumarán medidas de inteligencia financiera, investigaciones patrimoniales, recuperación de activos y un mayor control sobre los precursores químicos, según detalló el ministro. El enfoque, insistió, apunta a fortalecer la capacidad del Estado para actuar sobre las estructuras económicas y logísticas que sostienen el narcotráfico.
En cuanto a la reducción de la demanda, el plan adopta un enfoque de salud pública que contempla programas de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración social. La prioridad estará en niños, adolescentes y otras poblaciones vulnerables, con la intención de ampliar la respuesta institucional más allá del ámbito policial y penal.
La política contará con 492 millones de dólares para los próximos cinco años. De ese monto, el 56,3 % procederá de la cooperación internacional y el resto será financiado por el Estado boliviano. Oviedo afirmó además que la ejecución del plan se desarrollará bajo los principios de “soberanía” y “no injerencia”, con una cooperación externa orientada a reforzar las capacidades nacionales.
Durante el acto, el representante de la Unión Europea en Bolivia, Jaume Segura, destacó que la estrategia incorpore las dimensiones de seguridad, salud y desarrollo, y reiteró la disposición del bloque europeo a colaborar con el país en la lucha contra las redes criminales.
La nueva política representa la primera estrategia antidroga presentada por un Gobierno boliviano ajeno al Movimiento al Socialismo (MAS), fuerza que gobernó el país durante casi dos décadas, primero con Evo Morales y luego con Luis Arce. Desde la llegada de Paz al poder, en noviembre de 2025, Bolivia ha buscado reforzar su cooperación internacional y abrir nuevos mecanismos de coordinación regional frente al crimen organizado y el narcotráfico.
