Activistas y ciudadanos han dirigido una solicitud formal al presidente Rodrigo Paz Pereira para que se implementen medidas que regulen el precio de la carne de res, cuyo costo ha alcanzado niveles elevados en varias regiones del país. Según el activista Rodrigo Castillo, el valor del producto se ha disparado hasta convertirse en un bien de lujo, llegando a venderse a precios cercanos a los 100 bolivianos por kilo.
En la misiva, se insta al mandatario a reactivar y garantizar el funcionamiento efectivo del Comité de Monitoreo y Abastecimiento de Carne Bovina, creado en 2023, además de exigir la publicación periódica de informes técnicos que den cuenta del abastecimiento interno del producto. También solicitan la presentación de un informe nacional sobre el control del contrabando de carne, junto con la coordinación inmediata entre el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y el gobierno central.
Castillo enfatizó la necesidad de que el presidente emita un pronunciamiento público en el que se reafirme que la exportación de carne no podrá llevarse a cabo sin antes garantizar el abastecimiento del mercado interno a un precio justo. El activista subrayó que, aunque el mandatario es nuevo en el cargo, debe reconocer que la carne se ha convertido en un producto inaccesible para gran parte de la población, que ha optado por reducir su consumo o buscar alternativas debido a los elevados costos.
Respecto a las causas del aumento sostenido en el precio de la carne de res, Castillo explicó que, en el caso de la carne nacional, el producto pasa por varias etapas de intermediación, lo que contribuye al incremento del costo final. En particular, mencionó que la carne proveniente de la región oriental, reconocida por su calidad, es frecuentemente exportada o sacada de contrabando, lo que afecta la oferta en el mercado interno y eleva los precios.
El activista aseguró que la carne criolla transita por aproximadamente tres intermediarios antes de llegar al consumidor, situación que, a su juicio, debería ser abordada con medidas que regulen estos procesos. Además, señaló que el Viceministerio de Defensa del Consumidor debe involucrarse activamente en la supervisión de este problema, mientras que las autoridades municipales tienen la responsabilidad de garantizar la sanidad y el peso adecuado de la carne que se comercializa.
Finalmente, Castillo remarcó la urgencia de intensificar los controles no solo sobre la exportación y el contrabando, sino también en el mercado interno, con el fin de evitar que los precios se vuelvan inaccesibles para la mayoría. Asimismo, hizo un llamado a los concejales municipales para que asuman su rol fiscalizador en este ámbito, ya que, según afirmó, hasta el momento no han cumplido con esta función que les compete
