El presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó este miércoles la Ley de Prediarios, una norma que traslada al Gobierno central la responsabilidad de cubrir el pago de los prediarios para las personas privadas de libertad, obligación que hasta ahora recaía en las gobernaciones.
Durante el acto central realizado en el hall de Palacio Quemado, el mandatario explicó que el paquete de medidas debatido en el Parlamento no se limita al beneficio de prediarios, sino que comprende también cinco o seis políticas públicas de alcance nacional en el ámbito legislativo. En ese contexto, destacó el trabajo conjunto entre el Ejecutivo, el Legislativo y las autoridades departamentales para viabilizar la norma.
“Yo, como Ejecutivo, quiero reconocer la labor generada por el Parlamento en un esfuerzo conjunto para que una ley como esta vaya en beneficio de los bolivianos a través de las gobernaciones, y felicitar a los gobernadores porque asumieron esto en una mesa de consenso. Aquí no es imponiendo”, manifestó Paz Pereira.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, también celebró la promulgación y afirmó que la ley será de gran utilidad para las gobernaciones de los nueve departamentos. Según señaló, la norma permitirá destinar cerca de 209,5 millones de bolivianos a temas que requerían atención urgente y que no podían seguir postergándose.
Aramayo precisó que 87,6 millones de bolivianos estarán orientados a garantizar los prediarios y la gestión del régimen penitenciario, con el objetivo de asegurar derechos humanos básicos. Añadió que la medida representa un auxilio económico inmediato para áreas sociales y de salud que venían enfrentando limitaciones presupuestarias.
El acto contó con la presencia de gobernadores departamentales, legisladores y el Alto Mando Militar y Policial. En ese escenario, el ministro subrayó que la norma responde a necesidades impostergables y que su aplicación permitirá aliviar la carga financiera de las regiones.
Por su parte, el presidente del Senado, Diego Ávila, expresó su satisfacción por la conclusión del tratamiento legislativo en ambas cámaras y calificó el proceso como una tarea grata, aunque sobre todo vinculada con la justicia fiscal.
Ávila sostuvo que la ley, impulsada por una diputada proyectista, corrige una injusticia administrativa heredada de gestiones pasadas, cuando mediante un decreto se transfirió de forma obligatoria la carga del pago de prediarios a los presupuestos departamentales. En su criterio, la nueva disposición devuelve al nivel central una obligación que había sido trasladada a las gobernaciones.
“Lo que se ha hecho es devolver una obligación al nivel central que fue en su momento transferida a los niveles departamentales. Esto muestra una voluntad y un camino que tiene este gobierno para llevar adelante un proceso profundo de transformación del país en el campo de las autonomías”, enfatizó el titular del Senado.
La norma establece que los gobiernos departamentales dejarán de destinar recursos de sus presupuestos a la alimentación y al régimen penitenciario, lo que les permitirá liberar y reasignar aproximadamente 209,5 millones de bolivianos a otras necesidades urgentes. Asimismo, dispone que el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, asuma el costo total de los prediarios y la gestión operativa de las cárceles con recursos del Tesoro General de la Nación.
Dentro de esa distribución, 87,6 millones de bolivianos se destinarán directamente a resguardar este derecho de las personas privadas de libertad. La ley también centraliza 116,5 millones de bolivianos para cubrir viáticos y bonos de vacunación del sector médico, además de contemplar un desembolso menor para gestión operativa y 3,4 millones de bolivianos para la intervención ambiental de la cuenca del río Pilcomayo. (GOBCOM)
