El pedido desesperado de Aldrin, un paciente con cáncer que solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional legalizar la eutanasia en Bolivia, volvió a poner sobre la mesa la dura realidad que enfrentan los pacientes oncológicos en el país, una situación marcada no solo por el sufrimiento físico, sino también por las dificultades para acceder a una atención adecuada dentro del sistema público de salud.
En un video difundido recientemente, Aldrin contó el desgaste que vive a diario a causa de un cáncer que, según relató, está consumiendo su cuerpo. Su mensaje estuvo atravesado por una frase que sintetiza la gravedad de su estado: “El dolor es insoportable”. También afirmó que los medicamentos que consume ya no le hacen efecto, por lo que pidió a las autoridades que escuchen su situación.
“No me quiero ir con dolor, no me quiero ir sufriendo (…) quiero irme en paz”, expresó en su testimonio, en el que además solicitó que el video sea compartido para que llegue a quienes deben analizar y debatir el proyecto de ley que busca regular la eutanasia y la muerte digna en Bolivia. La propuesta fue presentada por el jefe de bancada de APB Súmate, Diego Bráñez.
A partir de este caso, la activista y exasambleísta departamental Carmen Rosa Valencia cuestionó con dureza al sistema público de salud boliviano, al que acusó de obligar a los pacientes oncológicos a atravesar trámites “odiosos y tediosos” para poder acceder a un tratamiento. Según advirtió, la atención para este sector se ha vuelto cada vez más precaria, también por la calidad de los medicamentos que se distribuyen.
Valencia señaló que los fármacos que reciben los pacientes ya no tienen el mismo efecto que antes y explicó que, en algunos casos, los oncólogos les ofrecen como alternativa medicamentos americanos o brasileños para mejorar la reacción a la quimioterapia. Sin embargo, remarcó que esos productos tienen costos elevados, que van entre 18.000 y 24.000 bolivianos por unidad, lo que, a su juicio, no puede resolverse con actividades solidarias como un plato o una rifa.
La exasambleísta también lamentó que muchos enfermos deban asumir gastos adicionales porque los hospitales no cuentan con los insumos necesarios. Como ejemplo, mencionó que en el Hospital San Juan de Dios, quienes requieren una tomografía deben comprar dos contrastes, cada uno con un valor de 1.000 bolivianos.
En ese contexto, advirtió que cuando los tratamientos no están disponibles, a los pacientes se les indica que viajen a otras ciudades como La Paz o Santa Cruz. Para quienes no tienen recursos, dijo, la única salida termina siendo regresar a casa y recurrir a la medicina tradicional, ante la imposibilidad de continuar con su atención.
La problemática también fue expuesta por Blanca Esquite, representante de los pacientes oncológicos, quien considera que el acceso al tratamiento depende en gran medida del estatus económico. A su criterio, quienes cuentan con dinero pueden buscar atención especializada en el exterior y comprar medicamentos de mejor calidad, mientras que otros deben peregrinar incluso para conseguir un diagnóstico.
Esquite afirmó que los pacientes se ven obligados a hacer gestiones y recorrer distintas instancias para obtener los medicamentos que necesitan para seguir con sus tratamientos, una situación que genera angustia en las familias que enfrentan este tipo de enfermedades. En medio de esa realidad, las rifas, kermeses y platos solidarios se han convertido en recursos habituales para reunir fondos, aunque la ayuda muchas veces resulta insuficiente.
Por ello, la representante aseguró que no dejará de reclamar mayor atención de las autoridades para el sector y pidió garantizar el acceso a medicamentos y a atención especializada para los pacientes oncológicos de Tarija.
Mientras tanto, el Hospital Oncológico, que en su momento fue visto como una esperanza para quienes padecen esta enfermedad, sigue sin concretarse plenamente. La obra, iniciada en la gestión 2015, parece cada vez más lejana de ser concluida.
