El analista político y económico Carlos Sandy cuestionó la decisión del Gobierno de ampliar por otros 90 días el estado de excepción y advirtió que, si esa medida no va acompañada de un proceso de diálogo con los sectores sociales, podría terminar agravando la conflictividad en el país.
Sandy sostuvo que la determinación del Ejecutivo fue asumida como una decisión exclusiva del nivel central, sin una concertación suficiente con las organizaciones que podrían verse afectadas por sus efectos. En su criterio, antes de prolongar la vigencia de esta figura constitucional, el Gobierno debería abrir una instancia de conversación con los actores sociales involucrados.
El decreto que plantea la ampliación fue aprobado este lunes y será presentado ante la Asamblea Legislativa para su análisis. La medida está vigente desde el 20 de junio y su plazo actual concluye el 18 de septiembre, por lo que la propuesta oficial busca extenderla por tres meses más.
En su evaluación, Sandy diferenció el actual estado de excepción del antiguo estado de sitio, al señalar que se trata de una figura con un alcance distinto y sin las restricciones más severas que antes recaían sobre la circulación, las reuniones y la actividad política. Sin embargo, remarcó que, pese a la aplicación de esta medida, no se logró contener por completo la conflictividad, ya que continuaron registrándose bloqueos y movilizaciones.
A partir de ese escenario, el analista cuestionó que la respuesta del Gobierno sea simplemente ampliar el plazo de la medida. Consideró que hacerlo enviaría un mensaje político que podría ser interpretado como una forma de ganar tiempo para aplicar otras decisiones, entre ellas las vinculadas a medidas económicas asociadas al Fondo Monetario Internacional, que a su juicio podrían derivar en incrementos de precios y un eventual congelamiento salarial.
Sandy advirtió que ese contexto puede profundizar el malestar entre distintos sectores sociales y convertir la ampliación del estado de excepción en un factor adicional de confrontación. Por ello, insistió en que la prioridad debería ser el diálogo para evitar que el conflicto escale.
Entre los actores con los que, a su juicio, el Gobierno debería establecer una interlocución directa, mencionó a los pueblos indígenas originarios, la Federación de Mineros y la Central Obrera. “Hay que dialogar, si es necesario habrá que hacerlo”, afirmó.
El analista remarcó que la búsqueda de acuerdos permitiría reducir el riesgo de nuevos enfrentamientos y evitar que la prolongación de la medida termine profundizando las diferencias entre el Ejecutivo y las organizaciones sociales. Mientras tanto, la propuesta seguirá su curso en la Asamblea Legislativa, en medio de posiciones contrapuestas sobre la continuidad del estado de excepción.
