La Asamblea Plurinacional aprobó un proyecto de ley que permitirá restituir en sus funciones a policías y militares que fueron dados de baja durante el gobierno de Evo Morales, antes de su renuncia y en el contexto de los conflictos de 2019, informó el diputado por Tarija, Horacio Calisaya.
Según explicó el legislador, la norma ya fue sancionada y ahora corresponde su promulgación por parte del Ejecutivo para que pueda entrar en aplicación. Sin embargo, precisó que antes de concretar cualquier reincorporación deberá realizarse un análisis “caso por caso”, a través de los tribunales disciplinarios, con el fin de definir si corresponde devolver derechos laborales, antigüedad, escalafón y otros beneficios a los uniformados afectados.
Calisaya admitió que no cuenta con una cifra exacta sobre la cantidad de policías y militares que fueron alejados de sus cargos de manera que considera injustificada, aunque anticipó que podrían ser varios los beneficiarios de esta medida. En ese marco, recordó los hechos de 2019, a los que atribuyó al “fraude electoral monumental de Evo Morales”, y señaló que en ese escenario algunos uniformados cuestionaron al entonces gobierno.
El diputado mencionó de manera específica el caso del coronel de Policía Aníbal Rivas, quien fue dado de baja y para quien se buscará una reincorporación. Recordó además que, durante las movilizaciones, este oficial gritó “¡Quién se rinde, nadie se rinde!”, consigna que, según dijo, fue asumida por sectores cívicos.
En su criterio, varias de las destituciones dispuestas en ese periodo respondieron más a una “venganza del MAS” que a otras razones. También sostuvo que muchos policías, frente a las decisiones del gobierno de entonces, optaron por amotinarse y sumarse a los movilizados que rechazaban el fraude electoral, en un conflicto que terminó con la renuncia del presidente Morales y de su vicepresidente, Álvaro García.
Por otra parte, los parlamentarios aprobaron también una resolución para pedir al Ejecutivo la ampliación del Estado de excepción en el país, vigente desde hace tres meses. De acuerdo con Calisaya, el objetivo es garantizar la paz y las condiciones de trabajo para la población.
“El pueblo no quiere paros, quiere trabajo y movimiento económico”, afirmó el legislador, al señalar que no se debe permitir que la ciudadanía vuelva a enfrentar situaciones como las vividas durante los bloqueos, en medio de la crisis que atraviesa el país.